Nieve, llueva o castigue el sol, cada mediodía suena la campana de la iglesia y se hace el silencio en Sibiu. Es la protesta silenciosa de un grupo de gente local que lleva más de 500 días congregándose en las inmediaciones de la iglesia luterana. Siempre a la misma hora y en el mismo lugar, en el centro de esta pintoresca ciudad de Transilvania donde tiene su sede el gobernante partido socialdemócrata rumano (PSD), envuelto en escándalos de corrupción y acusado por Bruselas de violar los principios de la democracia.
El mensaje de los manifestantes para el PSD es sencillo. “Sabemos lo que están haciendo, estamos vigilando cada uno de sus movimientos, y estamos aquí para defender el imperio de la ley”, resume Ciprian Ciocan, un empresario de 30 años convertido en director de la ONG que contribuyó a fundar VÓ Vedem din Sibiu, que significa 'En Sibiu os estamos vigilando'. En este movimiento de base, según Ciocan, nunca es posible saber cuánta gente se reunirá el día siguiente.
Inspirado en las tradicionales ventanas de los techos inclinados y teja roja de Sibiu, el logo de la organización está compuesto por dos figuras estrechas con forma de óvalo que recuerdan a un par de ojos sagaces prestando atención. El movimiento es una prueba más de la lucha que se está librando por el futuro de Rumanía, antiguo país comunista y uno de los miembros más nuevos, pobres y corruptos de la Unión Europea.
El 11 de diciembre de 2017 fue cuando se puso en marcha VÓ Vedem din Sibiu, cuando el Gobierno intentó reformar el poder judicial para, según los críticos, aumentar el control sobre los jueces y sobre la muy respetada Dirección Nacional Anticorrupción (DNA). Las protestas organizadas en Bucarest, multitud de pueblos y ciudades desde la llegada del PSD al gobierno son las mayores que ha visto Rumanía desde la caída del comunismo.
Las grandes manifestaciones van y vienen pero la multitud silenciosa de Sibiu no deja de juntarse. “Esos 15 minutos, todos los días, son como una llama que nunca se apaga”, explica Ciocan. En Facebook, donde cuenta que retransmiten la protesta, reciben unos pocos miles de visitas. “No importa que llueva, nieva, o lo que sea, alguien sabrá así que la gente de Sibiu todavía está”, asevera.
Según Bianca Toma, del Centro Rumano de Políticas Europeas, una organización que defiende al movimiento, no es habitual ver protestas como esta en una ciudad tan pequeña. En Sibiu viven 154.000 personas, una mínima parte de los 19,6 millones de habitantes del país. “Son el primer grupo local. Lo que han hecho con su protesta es muy interesante y sorprendente, porque por lo general las primeras en reaccionar a lo que está sucediendo son Bucarest o grandes ciudades como Cluj”, argumenta.
En un nublado y lluvioso día de mayo, unas 25 personas de todas las edades se presentan en el lugar. Su protesta transcurre junto a los hermosos y barrocos edificios del pintoresco centro de Sibiu, testimonio de la vida antigua de la ciudad, cuando se llamaba Hermannstadt y era el corazón de la Transilvania alemana parlante. Algunos manifestantes llevan banderas rumanas y de la Unión Europea. Otros han traído carteles pintados a mano con la palabra 'resistir' o con mensajes donde se acusa al PSD y a la Alianza de Liberales y Demócratas (Alde), su socio minoritario en la coalición de gobierno, de ser una mafia.
Al otro lado de la calle, nadie entra ni sale de la sede del PSD, un elegante edificio amarillo de grandes ventanales tapados por carteles y expositores de libros.
Diana Manta, de 37 años, trabaja en el sector editorial e intenta venir todos los días. “Paso aquí mi hora de almuerzo”, cuenta. “Lo hago porque estoy en contra de la corrupción y en contra de los políticos que gobiernan hoy Rumanía, y porque veo que la corrupción nos afecta en nuestra vida. No tenemos hospitales por culpa de la corrupción, no tenemos escuelas decentes para nuestros hijos, no tenemos carreteras”, denuncia.
También le preocupa que los fondos de la Unión Europea, que entre 2014 y 2020 suman un total de 31.000 millones de euros, no sean usados con eficiencia. Cuando puede participar en las protestas del fin de semana acude con su hija de ocho años. “Yo tenía siete años cuando se terminó el comunismo aquí en Rumanía y quiero que ella crezca en la misma atmósfera en la que se sienta libre para hacer lo que quiera”.
La página de Facebook del grupo es como un recorrido por las cuatro estaciones. En diciembre, los manifestantes aparecen junto a montones de nieve sucia, algunos con bufandas en las que se distinguen los tres colores de la bandera rumana. En una foto de julio de 2018, la gente se resguarda con paraguas de un aguacero y sostiene mensajes donde se leen las palabras 'mulÈumesc mult' (muchas gracias), dirigidas a Laura CodruÈa Kövesi, despedida ese mes de su puesto como directora de la DNA, desde donde había supervisado condenas contra altos cargos.
En esa misma calle también se han organizado comidas por el Día de los Trabajadores, conferencias y celebraciones para rumanos residentes en el extranjero que vienen de visita, a los que se les da la bienvenida con pan y sal.
Bajo la lupa de la Unión Europea
Los encuentros siempre transcurren en el mismo lugar. La única excepción fue un día de mayo de 2019, cuando los líderes de la Unión Europea se desplazaron hasta Sibiu para una cumbre sobre la unidad en la era post Brexit. El anfitrión era Klaus Iohannis, que antes de ser elegido presidente de Rumanía en 2014 (con un mensaje de lucha contra la corrupción) había sido alcalde de Sibiu.
Aún no habían sacado los restos de la cumbre de la plaza central de Sibiu y la Comisión Europea ya estaba advirtiendo por un posible procedimiento sancionador contra Rumanía. Frans Timmermans, primer vicepresidente de la Comisión Europea, escribió a los políticos rumanos de más alto nivel que los cambios propuestos en el poder judicial corrían el riesgo de crear “una impunidad de facto para los delitos, incluidos los de corrupción”.
En el Consejo de Europa, los expertos de la Comisión de Venecia también habían advertido de que las modificaciones “perjudicarían gravemente la eficacia del sistema de justicia penal rumano” en la lucha contra la delincuencia, incluida la corrupción.
Presionado por la Unión Europea y después del referéndum de mayo en el que los rumanos rechazaron de forma inequívoca la muy debatida ley de amnistía para los delitos de corrupción, el gobernante PSD abandonó algunas de sus medidas más polémicas. No fue el único retroceso. También perdió escaños en las elecciones al Parlamento Europeo y vio cómo Liviu Dragnea, líder del PSD, ingresaba en la cárcel con una condena de tres años y medio por delitos de corrupción.
La Comisión Europea recibió con agrado el cambio de políticas anunciado por Viorica DÄncilÄ, primera ministra de Rumanía, y la elogió por su “enfoque europeo”. Entrevistada por The Guardian, DÄncilÄ dijo querer volver a situar el debate político en temas más “centrados en el ciudadano y menos en el sistema judicial”. A pesar de todo, las autoridades de la Unión Europea siguen mirando de cerca a su Gobierno, inseguros sobre la forma en que terminará cumpliendo con sus promesas.
Bianca Toma interpreta como una buena señal la decisión de la primera ministra de retirar un decreto de urgencia que habría permitido amnistiar a personas condenadas por corrupción. Pero la lucha por el Estado de Derecho no ha terminado. “Hay muchos otros peligros”, comienza, citando a la unidad especial creada por el Gobierno para investigar a la DNA. “Todavía hay cosas que desmontar y hay que ver los hechos, no sólo las declaraciones”, denuncia.
El PSD siempre ha rechazado las acusaciones de corrupción, tanto las de los ciudadanos rumanos como las de Bruselas. Pero la forma de reaccionar no es la misma. Ciocan recuerda que cuando comenzó el movimiento Vedem din Sibiu, los trabajadores de las oficinas del PSD cerraron las persianas y sacaron un comunicado acusando a los manifestantes de comportamiento “agresivo”.
La respuesta a los medios internacionales parece haber sido mejor diseñada. Las preguntas para el PSD fueron derivadas a Christian Terhes, un sacerdote rumano-estadounidense que se presentaba al Parlamento Europeo después de 16 años viviendo en California (aunque su partido perdió apoyo, él ganó el escaño). Terhes declaró que las protestas pacíficas de Sibiu eran “una prueba evidente de que la democracia está funcionando”. Apuntó también que muchos políticos y funcionarios habían sido condenados por corrupción a partir de pruebas falsas y del trabajo oculto del servicio secreto (acusaciones similares a las realizadas por Dragnea).
Según Terhes, los expertos independientes del Consejo de Europa habían cometido “muchos errores y omitido hechos” y los jueces de Rumanía tenían más independencia que los de cualquier otro país de la Unión Europea.
Pero el PSD sigue sin convencer a los manifestantes de Sibiu. A su trece años y acompañada por su padre, Paula Dörr acude a la protesta aprovechando las vacaciones escolares. “No queremos vivir en un país donde personas corruptas nos están gobernando y llevando al país al desastre”, afirma.
Mañana, también volverán.
Traducido por Francisco de Zárate