Janice Phelps, una mujer de 60 años de Evansville, Indiana, que trabaja en una fábrica y que tiene una incapacidad, ha sufrido en carne propia el elevado coste de la atención médica.
La terapia para tratar su asma severo tiene un coste de unos 3.000 euros mensuales. Las infiltraciones trimestrales para calmar el dolor de rodilla, 3.000 euros. Los medicamentos para la depresión cuestan 880 euros. Desde 1985, la han operado siete veces de la espalda, dos veces del hombro y dos de la rodilla. Los principales programas de salud pública de Estados Unidos, Medicaid y Medicare, dirigidos a las personas con menos recursos y a las personas mayores, cubren la mayor parte de estos gastos.
Sin embargo, Phelps apoyó a dos políticos que amenazan con fulminar ambos programas: Donald Trump y Mike Pence, vicepresidente y exgobernador de Indiana.
“Estoy a favor de derogarla”, indica en referencia a los esfuerzos de los republicanos por terminar con la Ley de Atención Sanitaria Asequible, conocida con el nombre de Obamacare. Sin embargo, está “absolutamente en contra” de que se impulsen recortes en Medicaid.
Los republicanos quieren tramitar tan pronto como sea posible un proyecto de ley que contempla cambios sustanciales para Medicaid; un programa cuyo objetivo es garantizar la atención medica de las personas con menos recursos. Con este objetivo, han presentado ante el Congreso la Ley de Atención Médica en Estados Unidos. Los demócratas, algunos sectores del Partido Republicano y un gran número de asociaciones de médicos, hospitales y de pacientes han criticado la propuesta. La han descrito como “un huérfano legislativo que no es atractivo para nadie”.
Phelps ha indicado que seguirá apoyando a Trump aunque se apruebe esta ley, pero le preocupa un posible recorte a Medicaid.
“Si a partir de ahora Medicaid nos dice…nos vamos a gastar esta cantidad y no vamos a pagar ni un dólar más, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿morirnos porque no podemos permitirnos el tratamiento?”, se pregunta. “Las radiografías, las resonancias magnéticas, la exploración por TAC, las operaciones y demás…no podemos controlar el coste total del tratamiento. Yo no puedo pagar esos tratamientos y los necesito… es injusto limitar lo que están dispuestos a pagar”.
Las contradicciones de Pence
En esta parte del país, es muy común que los ciudadanos muestren un sentimiento ambivalente y de ansiedad al hablar de todo lo relacionado con tratamientos médicos. La ciudad de Evansville es la sede del condado de Vanderburgh, situado al sur del estado de Indiana, claramente republicano. Está situada en una curva del río Ohio y limita con Henderson, en el estado de Kentucky.
Es el estado de Pence. Como gobernador de Indiana, se benefició políticamente de la Ley de Atención Sanitaria Asequible y utilizó fondos federales para proporcionar atención médica a medio millón de personas de su estado, que se encontraban entre las más pobres.
Durante la campaña presidencial, cerró filas con Trump y se opuso frontalmente a la ley de Obama. En febrero de este año, al hablar ante un grupo de conservadores, no dudó en afirmar que el Obamacare tenía que terminar. Este fin de semana volvió a repetir esta afirmación al defender la propuesta de ley republicana en Louisville, Kentucky.
“En pocas palabras, vamos a hacer que el mejor sistema de atención sanitaria del mundo sea todavía mejor”, indicó.
Sin embargo, en la zona rural de Indiana, donde Trump logró los 40.000 votos que necesitaba para ganar sin problemas a Hillary Clinton (con una ventaja de 10.000 votos), son muchas las personas con pocos recursos que dependen del programa que Pence puso en funcionamiento hace tan solo dos años y que ahora los republicanos quieren recortar de forma drástica.
El programa de Pence, llamado HIP 2.0, forma parte de Medicaid. Los fondos proceden de la Ley de Atención Sanitaria Asequible; la misma ley que Pence quiere derogar. Más de uno de cada tres residentes de Indiana se benefician de los programas de atención sanitaria (incluido Medicaid).
Vanderburgh es uno de los dos condados de Indiana donde más de 10.000 personas se benefician de HIP 2.0 y votaron a Trump. Obamacare amplió la cobertura de Medicaid para poder proporcionar atención médica a adultos solteros a través de programas como HIP 2.0. Gracias a esta ampliación, más de 500.000 personas del estado de Indiana que antes no tenían cobertura médica pública quedaron amparadas por este programa. En todo el país, unos 14,4 millones de personas que no tenían un seguro pasaron a tener cobertura médica. En total, los programas de Medicaid cubren a 1,4 millones de personas en Indiana y a 73 millones de estadounidenses.
Aprovechando los últimos meses de cobertura
Los republicanos proponen cambiar el sistema. Empezarían a recortar las partidas a programas como HIP 2.0 en 2020. A partir de ese año, el gobierno federal recortará la partida en función de las bajas de los beneficiarios de HIP 2.0. Los republicanos también quieren hacer recortes en Medicaid y terminar con algunas prestaciones que hasta ahora estaban garantizadas. Algunos estados, como Indiana, tendrían que encarar una situación insostenible y que sería motivo de gran ansiedad para sus residentes.
“Si no fuera por Medicare y Medicaid, no estaría aquí”, indica Fred Cook, un residente de Evansville y votante de Clinton, que tuvo que dejar de dar clases como consecuencia de una enfermedad cardíaca. Le operaron a corazón abierto (triple bypass). También le tuvieron que amputar las dos piernas; debido, en parte, a que siempre fumó los cigarrillos mentolados Kools. “Pesaba 200 kilos”, explica. Tenían que pesarle en la cama porque no se podía mover.
“Vivimos aterrados”, indica Pam Martin, una jubilada y votante de Clinton que se ocupa de un hermano con diversidad funcional, Darrell. Aunque Darrell trabaja, solo gana 10.000 euros anuales. Esta situación lo situó en un limbo hasta que Pence puso en marcha el HIP 2.0. “Ahora, tiene una excelente cobertura médica y nos aterra que se la puedan quitar”, indica Martin. Ahora la familia tiene que decidir si agilizan los trámites para que Darrell pueda someterse a una costosa cirugía ocular mientras todavía tiene cobertura médica, o si por el contrario siguen la recomendación de los médicos y esperan unos meses para ver si su ojo derecho recupera la visión.
La nueva misión de Pence, destruir lo que según un legislador de Indiana es su “principal logro como gobernador”, se enmarca en lo que Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, describe como los esfuerzos de “un gobierno republicano unido” por derogar la ley de Obama.
Convenciendo a los congresistas con pizzas y bolos
Durante siete años, los republicanos en el Congreso intentaron derogar la ley de Obama y votaron más de 50 veces para enviar al Senado proyectos de ley que nunca llegaron a materializarse. En cambio, ahora controlan el Gobierno y tienen la oportunidad de derogar la ley. Sin embargo, en el partido no existe un consenso en torno a cuál debe ser el mejor plan para sustituir el proyecto de Obama.
Algunos conservadores consideran que el proyecto de ley republicano no es lo suficientemente contundente y lo llaman “la versión light del Obamacare”. Los líderes de la izquierda consideran que es “esencialmente cruel”. Defienden el proyecto de ley los comités del Congreso, pero no parece que vaya a lograr los votos necesarios para llegar hasta la Cámara de Representantes y el Senado y, finalmente, a la mesa de Trump. El presidente estadounidense está poniendo toda la carne en el asador para promocionarlo e incluso ha invitado a cenar a su rival en las primarias, Ted Cruz, y ha invitado a los miembros conservadores de la Cámara de Representantes a pizza y a una sesión de bolos en la Casa Blanca.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, que evalúa todos los proyectos de ley, publicó un análisis de este proyecto el lunes, en el que calcula su coste y también la cifra de estadounidenses que se quedarían sin cobertura. Algunos expertos independientes calculan que la medida afectaría a entre 6 y 15 millones de estadounidenses.
La Ley de Atención Sanitaria Asequible de Obama permitió que 20 millones de estadounidenses tuvieran acceso a atención médica y situó la tasa de personas sin cobertura bajo mínimos históricos. Si bien la mayoría de estadounidenses, unos 155 millones de personas, tienen un seguro médico gracias a su contrato de trabajo, otros 21 millones se pagan su propio seguro.
El seguro médico del Gobierno está muy extendido. En 2016, unos 73 millones de personas quedaron cubiertas por Medicaid. Cubre la mitad de nacimientos del país. Por otra parte, 43 millones de personas quedan cubiertas por Medicare, un programa para los más mayores. En cuanto a los 28 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico, ir al hospital o una receta médica les puede suponer un desembolso de miles de dólares.
Una forma de socialismo maligno
Cindy Rosser, una mujer de 46 años que tiene cinco hijos y un nieto, es la responsable de dos establecimientos de limpieza en seco y es beneficiaria de HIP 2.0. Después de que la empresa la despidiera en 2015 (le dijeron que no podían pagar el seguro médico de los trabajadores) le diagnosticaron un principio de cáncer en el esófago y a su hijo adoptivo de 11 años le diagnosticaron esquizofrenia.
Rosser no votó en las pasadas elecciones. Ahora el debate en torno a la atención médica le produce mucha ansiedad. “Las personas trabajadoras necesitan un seguro médico que sea asequible porque incluso si la empresa te proporciona uno, te cuesta un riñón”.
Para algunos conservadores, esta dependencia a la ayuda del Gobierno no es más que una forma de socialismo maligno. Sin embargo, terminan por sufrir en carne propia las consecuencias de no tener una red social que los proteja.
“A muchos votantes este debate les causa un conflicto interior”, indica Ed Clere, republicano y miembro de la Cámara de Representantes de Indiana. “Tarde o temprano conocen a alguien que ha tenido acceso a la atención médica gracias a estos programas, o son ellos los que los necesitan”.
“Es irónico porque la ley que ahora [Pence] está defendiendo en el Congreso como vicepresidente podría socavar sus principales logros como gobernador”, indica Clere.
Matthew Frankic, un vendedor de seguros de Evansville, es una de las personas que mejor conoce las ventajas y los inconvenientes de la ley de Obama. Su trabajo consiste en conseguir nuevos usuarios a diario. Empezó en 2010, antes de que la ley entrara en vigor. En ese momento, el seguro médico de una persona enferma podía superar los 1.000 euros mensuales.
“Y de repente, la nueva ley dio cobertura a muchas personas”, señala. También ha visto como muchas personas han sido multadas por no haber contratado un seguro.
Cuando Frankic tuvo que decidir entre Clinton, que no hizo campaña en su ciudad, y Trump, el candidato que proponía derogar la ley, decidió votar a este último.
“¿Cómo te decides por un partido político cuando no te gusta ninguno de los dos?”.
Traducción de Emma Reverter