La tregua pactada este miércoles por el presidente ucraniano Viktor Yanúkovich y los líderes de la oposición apenas ha durado unas horas. Durante la noche han vuelto a registrarse algunos enfrentamientos en las inmediaciones de la plaza de la independencia de Kiev que se han generalizado con la llegada del día.
Según la edición digital del diario Kiev Post, los nuevos choques han ocasionado la muerte de 35 personas. Según testigos citados por diferentes agencias, al menos siete de los fallecidos se han registrado en la sede de Correos de la capital ucraniana, que ha vuelto a ser tomada por los manifestantes. 15 cadáveres han sido trasladados hasta el Hotel Kozatsky, en el extremo norte de la plaza y según fuentes médicas, se esperan la llegada de varios cadáveres más.
Según el Kiev Post, los manifestantes han logrado capturar a al menos 50 agentes de Policía en el centro de la ciudad y se los han llevado a un edificio de la compañía energética estatal cerca del ayuntamiento de Kiev, donde los mantienen cautivos.
Los dirigentes del movimiento de protesta han establecido un corredor por el que han trasladado a los policías. Los manifestantes temen una contraofensiva de las fuerzas de seguridad y han alertado de que el Gobierno está utilizando matones a sueldo para contener las protestas. Algunos de los cadáveres presentan daños en sus chalecos antibalas lo que hace pensar que se está utilizando munición perforante.
La UE prepara sanciones
Entre tanto, la Unión Europea (UE) analiza hoy la posibilidad de imponer sanciones económicas y diplomáticas a Ucrania por la dura represión de las protestas. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, convocados de urgencia por la alta representante de la Unión, Catherine Ashton, se reunirán hoy a primera hora de la tarde.
Antes, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia se han trasladado a Kiev para reunirse con Yanúkovich y conocer de primera mano la situación en el país. Los líderes comunitarios han condenado el uso de la violencia como manera para resolver una crisis política e institucional, así como la violación de derechos humanos.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se declaró “sorprendido” y “consternado” por la evolución de la crisis y dejó claro que “el liderazgo político de un país tiene la responsabilidad” de garantizar la protección necesaria de los derechos y libertades fundamentales.