Las universidades de Estados Unidos ya no podrán tomar la descompensación racial en consideración a la hora de admitir a alumnos en sus aulas. Así lo ha dictaminado este jueves el Tribunal Supremo del país, con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3 jueces progresistas, poniendo punto y final a la discriminación positiva de los estudiantes negros y latinos, que llevaba dos décadas en vigor.
El caso fue llevado hasta el Supremo por la denuncia de Edward Blum, el fundador de Estudiantes por Admisiones Justas (SFFA, en inglés), contra los sistemas de admisión de la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte. El promotor del recurso considera que este modelo es injusto porque perjudica a los estudiantes blancos y asiáticos en favor de los negros y los latinos.
Tras conocer la sentencia de hoy, Blum ha celebrado que el Tribunal Supremo le haya dado la razón: “Poner fin a las preferencias raciales en las admisiones universitarias es un resultado que la gran mayoría de razas y etnias celebrará. Una universidad no tiene verdadera diversidad cuando simplemente reúne a estudiantes que parecen distintos pero proceden de entornos similares y actúan, hablan y piensan igual”.
El argumento de las dos universidades demandadas es que el sistema de admisión basado en la discriminación positiva (también llamada acción afirmativa) promueve la igualdad de oportunidades, facilitando la llegada de las minorías a las universidades, pero no ha convencido a los jueces del Supremo.
Su decisión tendrá efectos sobre las universidades de todo el país, que se verán obligadas a introducir cambios en su sistema de admisiones, sobre el cual se pronunció el Supremo en 2003, con una composición de jueces muy distinta. Hace dos décadas, el tribunal había aprobado el uso de criterios raciales en las admisiones, justificándolo en que la existencia de un alumnado diverso genera beneficios educativos superiores para el conjunto.
En el caso contra la Universidad de Carolina del Norte, que es pública, la SFFA argumentó que las políticas de acción afirmativa no cumplían la cláusula de igual protección recogida en la 14ª enmienda. En cambio, en el caso de Harvard, una universidad privada, se le impugna una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a los programas que reciben fondos federales la discriminación racial. En este caso, la SFFA sostiene que estas prácticas discriminan a los asiáticoamericanos.
La Administración de Joe Biden afirma que la eliminación de estas admisiones basadas en la raza tendrá un efecto “desestabilizador”, que provocará una caída en picado de los estudiantes negros y latinos en las universidades más selectas del país.
Esta decisión es el último ejemplo del rumbo ultraconservador que ha tomado la máxima instancia judicial del país, que el año pasado ya publicó polémicas sentencias, como la que derogó el derecho al aborto, la que amplió el derecho a llevar armas o la que limitó la capacidad legislativa del Ejecutivo en materia climática.
En representación de la parte progresista, la jueza Sonia Sotomayor ha destacado en su escrito el “impacto devastador de esta decisión” que “afianzará la segregación racial en la educación superior, porque la desigualdad persistirá mientras es ignorada”.
Sotomayor, la jueza más progresista del Supremo, se opone a la decisión de la mayoría conservadora, que agrava la discriminación en una “sociedad endémicamente segregada en la que la raza siempre ha importado y sigue importando”. De este modo, la jueza concluye que la decisión “subvierte la garantía constitucional de igual protección al afianzar aún más la desigualdad racial en la educación”.
Mientras, desde la mayoría conservadora (que consolidó el expresidente Donald Trump con sus nombramientos antes de dejar la Presidencia), el juez John Roberts ha explicado la opinión de ese bloque, según el cual los programas de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte violaban la Cláusula de Igual Protección porque no ofrecían objetivos “mensurables” para justificar el uso de la raza.
“Los programas universitarios deben cumplir con un escrutinio estricto, nunca pueden utilizar la raza como estereotipo, y -en algún momento- deben terminar”, ha escrito Roberts, que fue designado en 2005 por el entonces presidente George W. Bush.
Otra decisión crucial para estudiantes
Los jueces del Supremo, que se encuentran en su última semana antes de irse de vacaciones, también tomarán una decisión entre hoy y mañana sobre una de las grandes propuestas de campaña de Biden: el plan para perdonar parte de la deuda estudiantil a millones de estadounidenses.
La propuesta del presidente consiste en eliminar 10.000 dólares de deuda federal a aquellos estudiantes con sueldos inferiores a 125.000 dólares al año, o unidades familiares que ingresen menos de 250.000 dólares. Además, tiene previsto cancelar unos 10.000 dólares adicionales para todos los que accedieron a la universidad con ayudas públicas por su bajo nivel de ingresos.
Este plan fue impugnado por la denuncia de seis estados liderados por el Partido Republicano y dos estudiantes de Texas que no son elegibles para el programa, y llegó en marzo al Tribunal Supremo, compuesto por nueve personas vestidas con túnica y formadas en universidades de la Ivy League, cuyos sueldos oscilan entre los 274.000 y los 298.000 dólares anuales.
Aunque parece improbable, una sentencia positiva por parte de la mayoría conservadora del Supremo supondría un gran alivio para los 43 millones de deudores que son elegibles para el plan, la mitad de los cuales podrían verse beneficiados de la cancelación de la totalidad de su deuda. De darse esta condonación masiva, el coste estimado para la Administración ascendería a unos 400.000 millones de dólares, segúnlos cálculos de la Casa Blanca.
Esto supondría un alivio, pero el problema de la deuda estudiantil, que oscila alrededor de los 2 billones de dólares en todo el país, seguiría lejos de resolverse. “No es suficiente con este plan, deberíamos cancelar las deudas en su totalidad”, dijo a eldiario.es una de las afectadas, Nailah, que a sus 35 años debe alrededor de 60.000 dólares. “No puede ser que tanta gente tenga que pagar decenas de miles de dólares, en algunos casos seis dígitos, durante toda la vida, para una educación a la que debería tener acceso todo el mundo. Hablan del sueño americano, pero este no incluye un grado universitario”.
Los estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur, que conforman una de las dos partes demandantes, alegan que el mandatario excedió sus competencias al firmar el programa de ayuda sin la aprobación del Congreso.
Una corte inferior desestimó su demanda, indicando que no pueden impugnar el plan porque no se han visto perjudicados por él. Sin embargo, posteriormente la Corte de Apelaciones dejó en suspenso el programa hasta tomar una decisión. Fue en ese momento cuando la máxima instancia judicial aceptó intervenir.
Los jueces del Supremo expresaron dudas sobre la aprobación del programa, alegando una supuesta violación de la separación de poderes. El plan de Biden se basó en una ley promulgada por el Congreso en 2003 a raíz del atentado contra las Torres Gemelas, la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes (HEROES Act, en inglés). En ese momento, el objetivo era sostener económicamente a los militares que lucharon en Afganistán e Irak.
Cuando estalló el coronavirus, Trump se apoyó en dicha ley para pausar las deudas y también lo hizo Biden durante los dos primeros años de su mandato. Pero en agosto fue un paso más allá y dictaminó la cancelación de las deudas.
Redibujar el mapa editorial
En la primera decisión de calado de esta semana, el Supremo rechazó este martes que los parlamentos estatales puedan aprobar nuevos mapas electorales sin la supervisión de los tribunales del estado. Se trata de un esperado revés a los parlamentarios republicanos de Carolina del Norte, que dibujaron un mapa electoral a su favor con la técnica conocida como gerrymandering, que consiste en rediseñar los distritos para beneficiar a un partido.
Lo hicieron basándose en una teoría defendida por los seguidores de Trump (la “doctrina de la legislatura estatal independiente”) que sostiene que los estados tienen autoridad absoluta sobre las leyes electorales y que hubiera supuesto un gran desafío para las elecciones futuras del país.
Esta autoridad, que según la Constitución de EEUU es compartida con el Congreso federal en Washington, tiene que pasar en cada estado por la supervisión de los tribunales estatales y debe hacerse en cumplimiento de la Constitución estatal, algo que se saltaron de pleno los legisladores conservadores de Carolina del Norte.
El caso llegó a la máxima instancia judicial después de que el Tribunal Supremo del estado sureño decidiera anular dichos mapas, que llevaron al extremo el habitual rediseño de distritos. Si la mayoría conservadora del Supremo federal hubiera dado la razón a los republicanos, se habría abierto la puerta a otros estados para realizar gerrymanering a su antojo para beneficiar a su propio partido, lo que podría haber supuesto una deslegitimación de la democracia estadounidense.
Según dicta la sentencia del Supremo, “desde muy temprano en la historia de nuestra nación, los tribunales han reconocido su deber de evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos. Se nos pide que decidamos si la Cláusula Electoral establece una excepción a este principio básico. Sostenemos que no. La Cláusula Electoral no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal”.
Discriminación por orientación sexual
Los nueve jueces también tomarán una decisión esta semana sobre el caso de la diseñadora web que se niega a prestar sus servicios para las bodas homosexuales. Lorie Smith, una cristiana evangélica de 38 años, presentó una demanda contra una ley del estado de Colorado que impide a las empresas discriminar por motivos de orientación sexual.
Smith quería ampliar su negocio para ofrecer servicios de creación de páginas web para bodas, pero con un límite: no trabajar para parejas gay. Sin embargo, la ley de Colorado le obliga a no discriminar, por lo que debe prestar servicio tanto para parejas heterosexuales como homosexuales.
Smith alega que la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, la protege ante la ley de Colorado. Según su abogada, la obligación de aceptar un encargo por parte de una pareja gay vulneraría su libre expresión porque difundiría implícitamente un mensaje favorable al matrimonio igualitario, que ella niega.
El caso buscaba terminar con la ley de no discriminación por orientación sexual. En el momento de hacer la denuncia, Smith ni siquiera había lanzado su servicio de webs para bodas y no tenía ningún encargo de ninguna pareja homosexual.