El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pasar a la historia. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el departamento de Justicia, ha acusado al expresidente de 37 delitos relacionados con la retención de los documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Tendrá que comparecer ante el Tribunal Federal de Miami martes a las 15 horas (a las 21 hora española) para su rendición y lectura de cargos.
Así lo comunicó jueves el mismo Trump a través de su red social, Truth Social, y lo ha confirmado el fiscal especial este viernes en una declaración de dos minutos ante la prensa: “tenemos una serie de leyes en este país, que se aplican a todo el mundo. Los hechos que recopilamos determinan el resultado de una investigación. Ni más, ni menos”.
El departamento de Justicia, dependiente del gobierno federal, ya ha hecho públicos los cargos de la imputación, que son muy superiores a los siete que pudieron confirmar ayer los principales medios estadounidenses. En total, Trump y su asesor Walt Nauta se enfrentarán a una acusación de 37 delitos: 31 por retener información de defensa nacional, cuatro por ocultar la posesión de documentos clasificados, dos por hacer declaraciones falsas al FBI y uno por conspiración para obstruir la justicia
Trump no solo se llevó a su residencia en Palm Beach más de trescientos documentos clasificados y decenas de miles de otros documentos gubernamentales, sino que además se negó a entregarlos cuando así se le requirió. Ante tal negativa, el Departamento de Justicia requirió a agentes del FBI que registraran la mansión en agosto del año pasado. Trump ha defendido desde el primer momento que tenía potestad para quedase con los documentos clasificados cuando dejara la Casa Blanca, y ha llegado a afirmar sin evidencias que los había desclasificado.
“Los documentos clasificados que Trump guardaba en sus cajas incluían información relativa a las capacidades de defensa y armamento tanto de EEUU como de países extranjeros; programas nucleares de EEUU; vulnerabilidades potenciales de EEUU y sus aliados ante un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”, señala el documento de la imputación. En él, el fiscal especial asegura que los documentos clasificados procedían de la CIA, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otros.
Además, explica que el expresidente habría enseñado a miembros de su comité político de campaña “mapas clasificados relacionados con una operación militar en curso”, cuando estos individuos no tenían las credenciales necesarias para acceder a este tipo de documentos. La imputación contiene transcripciones de una conversación que tuvo Trump con un miembro de su equipo, donde presume de los documentos clasificados: “Esto es información secreta. Mira, fíjate! Como presidente podría haberlo desclasificado... ya no puedo, pero esto es un secreto”. En otra parte del documento, el fiscal afirma que Trump había sopesado varios métodos para evitar devolver los documentos y pidió a su abogado que los “ocultara o destruyera”.
“La divulgación no autorizada de estos documentos podría poner en riesgo la seguridad nacional de EEUU, las relaciones exteriores, la seguridad de las fuerzas armadas de EEUU y la viabilidad continua de los métodos sensibles de recopilación de inteligencia”, concluye el documento.
Trump ya busca rédito político de su segunda imputación histórica
Después de la imputación que recibió Trump en abril en Nueva York -la primera a un presidente en activo o retirado-, donde fue acusado de 34 delitos de falsedad por ocultar pagos a la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una aventura extramatrimonial, el exmandatario ha vuelto a pasar a la historia. Por primera vez, un expresidente ha sido encausado con cargos federales, que están relacionados con el ejercicio de su mandato, y por los que podría llegar a pasar decenas de años en prisión.
“La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1850 cajas en la Universidad de Delaware, además de cajas en Chinatown, DC, y aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje, donde aparca su Corvette”, ha publicado Trump en Truth Social, anunciando al mundo su imputación. “Soy un hombre inocente. La Administración Biden es totalmente corrupta. Esto es una interferencia electoral y la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos”, ha dicho en un video publicado en la misma red social.
Como ya hizo con la imputación en Nueva York, Trump ya ha comenzado a usar esta imputación para victimizarse con objetivos políticos. Al candidato para las primarias republicanas, que domina con comodidad las encuestas (con el 53,8% de los apoyos, 32,5 puntos por encima del segundo clasificado, Ron DeSantis), le fue bien políticamente dicha acusación, desde la cual ha doblado su ventaja respecto al gobernador de Florida, y espera volver a sacar rédito de esta situación.
La imputación más grave del expresidente
Sin embargo, este caso es distinto: en Nueva York se juzgará al expresidente por unos hechos relativos a su vida personal, que sucedieron antes de que fuera presidente, mientras que en Miami se le va a juzgar por llevarse centenares de documentos con información catalogada como de “alto secreto” y “clasificada” durante sus años de mandato, y por negarse a entregarlos cuando así se le requirió. A modo de comparación, a Biden -que también está siendo investigado- se le han encontrado tan solo decenas de documentos y los entregó al Departamento de Justicia cuando los encontraron sus asesores.
Además de estos dos casos judiciales, Trump también tiene cuentas pendientes con la justicia en Washington y Atlanta, donde está siendo investigado por su implicación en el asalto al Capitolio y por intentar amañar las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. Por ambos casos, también podría llegar a enfrentarse a cargos criminales, es decir, podrían implicar más años de prisión.
Ante todos sus casos judiciales, la estrategia de Trump acostumbra a ser la de intentar alargar el proceso todo lo posible, con recursos, apelaciones y otras estrategias legales. Así lo lleva haciendo desde antes de entrar en política y se prevé que lo siga haciendo con los casos que se ciernen sobre él. Según varios expertos legales, las tácticas dilatorias del expresidente podrían postergar el inicio del juicio, al menos, hasta la primavera del año que viene, en mitad del proceso de primarias republicanas.