El nombramiento de Matt Gaetz, investigado por abusos a menores, como nuevo fiscal general de Estados Unidos, o el del antivacunas Robert F. Kennedy como titular del Departamento de Salud, se han convertido en una prueba de lealtad para los senadores republicanos. Donald Trump se ha asegurado la mayoría republicana en el Congreso, pero el magnate quiere saber si tendrá un Legislativo dócil que le permitirá llevar a cabo su agenda. El resultado de la votación para ratificar los cargos será un test de qué límites le pondrá el Congreso al Ejecutivo de Trump.
A pesar de que el presidente electo sea quien nombra a los cargos de su Gobierno, es el Senado quien tiene que ratificarlos. El proceso forma parte del sistema de “control y equilibrio” (check and balance, en inglés) que establecieron los padres fundadores de Estados Unidos cuando decidieron separar los tres poderes, teóricamente independientes entre ellos, para lograr ese equilibrio.
Trump ha conseguido una jugada perfecta para su presidencia: tiene el Ejecutivo, el Legislativo y un Tribunal Supremo (órgano fundamental del Judicial) de mayoría conservadora.
La respuesta del Senado ante el deseo del magnate de rodearse de figuras leales y controvertidas también determinará si los estadounidenses podrán contar con un Legislativo que realmente cumpla con esa función de contrapeso o, de lo contrario, se pliegue ante el Ejecutivo. No solo es un test para el Legislativo, sino también para el propio Partido Republicano: Trump quiere confirmar que este se ha convertido en su partido, en el seno del cual no hay margen para desviarse de la línea que él marca.
Senadores críticos con Gaetz
El nombramiento de Gaetz ha sido el que ha levantado más suspicacias entre las filas republicanas. Más allá de formar parte del ala más trumpista de los congresistas, los legisladores de Washington tienen presente la investigación del Comité de Ética del Congreso sobre Gaetz por haber mantenido relaciones sexuales con una chica de 17 años.
La investigación comenzó en abril de 2021, aunque quedó suspendida a petición del Departamento de Justicia, que asumió el caso y abrió otra por tráfico sexual. Según medios estadounidenses, el caso se centraba en determinar si Gaetz había mantenido una relación sexual con una joven de 17 años y le había pagado para que viajara con él. Justicia cerró el proceso en 2023 sin consecuencias penales y, entonces, el comité retomó su investigación.
En junio, el comité publicó un informe preliminar, algo poco habitual en estos procesos, en el cual afirmaba que su investigación incluiría si Gaetz tuvo una conducta sexual inapropiada, consumió drogas ilícitas, aceptó regalos indebidos y trató de obstruir investigaciones gubernamentales sobre su comportamiento. Gaetz siempre ha rechazado todas las acusaciones.
El miércoles, poco después de conocerse su nombramiento como fiscal general, Gaetz renunció a su acta de congresista, coincidiendo con la intención del comité de publicar el informe sobre su caso. Al haber dimitido, el comité ya no podrá publicar los resultados de la investigación, porque ha dejado de ser congresista. Aunque algunos legisladores han estado pidiendo que sí lo haga basándose en un precedente de 1987, cuando el comité publicó las conclusiones sobre el congresista demócrata Bill Boner después de que dejara el cargo. Este viernes, por contra, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado que “solicitará firmemente” al comité que no publique el informe final.
Gaetz también se ha ganado la enemistad de algunos de sus compañeros de partido debido a su carácter beligerante y su predisposición a atacar a todos aquellos que no se alineen completamente con Trump. Mientras que algunos de los senadores más fieles a Trump han guardado silencio, otros más críticos se han mostrado contrarios a la elección de Gaetz. La senadora por Alaska dijo sobre Gaetz: “No creo que sea un candidato serio”. Otra senadora, Susan Collins, dijo al periódico The New York Times que estaba segura de que “habrá muchas preguntas en su audiencia” para ser elegido fiscal.
Tras la elección de Kennedy, solo se han escuchado algunas voces favorables entre los congresistas. El nuevo líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, evitó afirmar si apoyará la ratificación del elegido para el Departamento de Salud, argumentando que el procedimiento “apenas está comenzando” y añadiendo que habrá “un proceso de evaluación” del candidato.
Cualquiera de los cargos que tiene que ratificar el Senado –tanto Gaetz como Kennedy u otro nombrado por Trump para su administración– está sujeto al control de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada: 53 senadores de los 50 que representan la mayoría simple (más el voto del presidente del Senado, que decide en caso de empate).
Thune logró los apoyos necesarios para convertirse en el líder de la mayoría sin tener un marcado perfil trumpista. De hecho, quien sí contaba con el apoyo del ahora presidente electo, el senador por Florida Rick Scott, perdió en la primera ronda. Thune es más moderado e institucionalista, pero también ha mostrado su compromiso con sacar adelante las promesas de campaña de Trump.
Trump quiere eludir el Senado
Para el proceso de aprobación de los perfiles propuestos por el presidente, los Comités de Supervisión del Senado pueden llevar a cabo audiencias hasta el día antes de la toma de posesión, es decir, hasta el 19 de enero. Una vez que el presidente jure el cargo, los nominados pueden ser remitidos al Senado o ser aprobados en votaciones rápidas. Históricamente, se trataba de un proceso expeditivo, pero recientemente se ha complicado. Por ejemplo, cuando Trump comenzó su primer mandato, en 2017, solo había dos cargos confirmados de 26 nombramientos. Cuando Biden llegó en 2021, solo tenía un cargo aprobado de 36 nombramientos.
Hasta 1.200 puestos de la administración están sujetos al control del Senado.
Si Trump no quiere arriesgarse con senadores díscolos, existe una alternativa que recoge la Constitución estadounidense: hacer los nombramientos en medio del receso de la Cámara Alta. Si los republicanos aceptaran y suspendieran las sesiones del Senado por un largo periodo de tiempo para que Trump pudiera efectuar sus nombramientos, supondría ceder el poder que detentan al presidente.
El magnate ya dejó claro a los senadores que competían por el cargo de líder de la mayoría que debían estar dispuestos a apoyar los nombramientos en un receso. “Cualquier senador republicano que busque el codiciado puesto de LIDERAZGO en el Senado de Estados Unidos debe aceptar los nombramientos en receso (¡en el Senado!), sin los cuales no podremos conseguir que las personas sean confirmadas de manera oportuna”, publicó Trump en la red social X el domingo. “A veces las votaciones pueden tardar dos años o más. Esto es lo que hicieron hace cuatro años y no podemos permitir que vuelva a suceder. ¡Necesitamos que los puestos se cubran INMEDIATAMENTE!”.
El caso al que se refiere Trump tuvo lugar cuando el Senado le impidió utilizar el recurso del receso para reemplazar al entonces fiscal general Jeff Sessions. Aunque algunos senadores republicanos no han rechazado la idea por completo, Thune se ha mostrado menos dispuesto a ceder su papel de supervisión del Ejecutivo.
Uno de los casos más recientes de nombramientos durante un receso del Senado ha sido bajo la Administración de Barack Obama (2009-2017). Cuando Obama lo usó para hacer efectivos nombramientos de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, fue demandado. El Supremo falló que se necesitaba, al menos, un receso de diez días para justificar un nombramiento en ese periodo. Pero recesos tan largos hace tiempo que no se dan en el calendario del Congreso, por lo que Trump tendría que forzarlo y los senadores doblegarse a su voluntad.