¿Cómo adoptar un enfoque transfronterizo coherente cuando las políticas, los intereses y la epidemiología varían tanto? Es el dilema al que se enfrenta la UE desde que en marzo pasado estallara la pandemia del coronavirus. A pesar de ello, la UE ha sido incapaz de coordinar el cierre de sus fronteras entonces, en contra del criterio de la Comisión Europea y su posterior apertura.
Ahora, cuando Hungría ya ha tirado por la calle de en medio cerrando sus fronteras el 1 de septiembre y el resto de países de la UE tiene diferentes criterios sobre a quién dejar entrar y en qué condiciones, la Comisión Europea y la presidencia alemana de turno de la UE intentan encontrar un puñado de criterios compartidos para frenar el caos. Especialmente cuando ese caos está poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea: la libertad de movimientos de personas y mercancías por todo el territorio comunitario y del espacio Schengen –los países de la UE menos Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumania e Irlanda, más los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— .
Este miércoles vuelven a reunirse en Bruselas los embajadores de los 27 ante la UE, que son conscientes, además, de que mientras estas decisiones sigan siendo una cuestión de competencia nacional, acordar cualquier paso común será muy complicado.
“Es importante que al menos tengamos las mismas reglas... para armonizar cuando una región, una ciudad o un país sea [una zona roja], y luego tomar las mismas decisiones”, ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a las preguntas de Politico sobre los planes de la UE para una aproximación común en relación con las restricciones a los viajes. Breton anunció que la Comisión presentará “pronto” un texto con el objetivo de “tener la misma herramienta de medición” como base para las decisiones sobre restricciones de viaje.
“La propagación de este virus no coincide exactamente con las fronteras de nuestros países, regiones o ciudades”, dijo Breton, destacando la necesidad de un enfoque a escala de la UE.
“Cualquier restricción a la libre circulación dentro de la UE solo debe usarse cuando sea estrictamente necesario y de manera coordinada, proporcionada y no discriminatoria para abordar los riesgos para la salud pública”, explican fuentes de la Comisión Europea: “Un principio clave, como mencionan regularmente los Estados miembros durante los debates, es la información previa y la consulta entre los Estados miembros para evitar largas colas u otras interrupciones negativas. Los ciudadanos deben recibir información clara, completa y oportuna sobre las restricciones y los requisitos aplicables”.
El documento que ya hay sobre la mesa ha sido elaborado por la presidencia de turno de la UE, en manos de Alemania, y advierte contra “una aproximación fragmentada como se dio a principios de año” para las restricciones de viajes en toda Europa que responde a “una evaluación diferente con respecto a las áreas de riesgo”. El Gobierno de Angela Merkel defiende que “la integridad del espacio Schengen” debe preservarse.
El texto establece una serie de opciones para volver a armonizar la política de fronteras en la UE. En primer lugar, defiende el uso de los mismos datos para tomar decisiones. Hay muchos datos oficiales proporcionados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, pero los países “parecen proporcionar y utilizar estos datos de diferentes maneras. Un ejemplo: algunos se concentran en la escala nacional, otros en la regional”.
Acordar criterios conjuntos es otra medida, en relación a las “tasas de incidencia, de tests, ocupación de camas en UCI o una combinación de estos”. Alemania también considera que una evaluación y catalogación del riesgo común podría ser útil, ya que algunos países “utilizan dos categorías de designación; otros, tres o cuatro; y otros, ninguna”.
Y, por último, el Gobierno de Merkel pide armonizar las medidas aplicadas a los viajeros: algunos países exigen 10 días de cuarentena, otros 14. Hay países que ven suficiente que el viajero lleve una PCR negativa con entre 48 y 72 horas de antigüedad; otros piden que se realice después de cruzar las fronteras.
El documento alemán también incide en la política de información sobre las medidas tomadas en relación con los países afectados, el sector del turismo y el público: algunos países informaron antes de que las medidas entraran en vigor, pero otros no.
Este martes, el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, enviaron una dura carta al gobierno húngaro “recordando la importancia de la integridad del espacio Schengen y de aplicar medidas fronterizas de manera no discriminatoria a todos los ciudadanos y residentes de la UE”.
“Por supuesto”, dicen los comisarios, “cualquier medida que no se ajuste a los principios fundamentales de la legislación de la UE debería retirarse inmediatamente. En breve hablaremos con nuestras respectivas contrapartes ministeriales húngaras para solicitar más información”.
El pasado viernes, el Gobierno húngaro anunció el cierre de sus fronteras a partir del 1 de septiembre ante el avance de la pandemia, pero con exenciones para los viajeros de los países amigos del grupo de Visegrado: Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Bruselas entiende que no puede haber discriminación basada en la nacionalidad entre los ciudadanos de la UE, y que existen reglas claras sobre la libre circulación en la Unión Europea que todos los Estados miembros deben seguir.
La comisaria Johansson habló este martes con el ministro húngaro del Interior, Sándor Pintér, quien confirmó que Hungría respondería “lo antes posible a la carta”. Está prevista una nueva llamada entre el comisario Reynders y la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, este jueves por la mañana.
“Hay demasiada confusión y cada Estado miembro está actuando por sí solo”, ha clamado el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli: “Los ciudadanos y las empresas, al contrario de lo que está sucediendo, esperan una respuesta común, reglas claras sobre cómo actuar y transparencia en la definición de las áreas de riesgo. La situación es grave y sólo la coordinación por parte de la Comisión Europea puede garantizar la normalización de las disposiciones e intervenciones, evitar la discriminación y responder a la necesidad de todas y todos los ciudadanos de la UE de disponer de un marco bien definido”.
Y ha añadido Sassoli: “Debemos evitar el caos. Para ello, es urgente que los gobiernos nacionales, responsables de la política sanitaria, pidan a la Comisión Europea que desempeñe un papel activo de coordinación en la definición de normas comunes. Me sorprende que esto no haya sucedido ya, tal y como lo esperan las y los ciudadanos. Todavía estamos en medio de una emergencia y sólo unas normas claras a nivel de la UE pueden permitir una respuesta eficaz a la mayor difusión de la covid-19”.