La UE ha llegado a un acuerdo para la pionera ley de medios de comunicación. La pretensión inicial de la Comisión Europea era dar una mayor transparencia al conglomerado mediático y combatir las injerencias políticas y económicas en el periodismo, pero la negociación se vio empañada por la intención de los gobiernos de colar en esa regulación una cláusula que permitía espiar a los periodistas bajo el genérico paraguas de la “seguridad nacional”. La batalla entre la Eurocámara y el Consejo de la UE ha sido ardua. La presidencia española, a la que correspondía pilotar las negociaciones, era contraria a esa inclusión, que han combatido los sindicatos de periodistas y asociaciones de defensa de los derechos humanos y, finalmente, se ha sorteado el problema, pese a las pegas de Francia.
“Estamos muy satisfechos con el acuerdo provisional que hemos alcanzado en el trílogo”, señala el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la última reunión para la negociación a tres (Parlamento, Consejo y Comisión), a la que se ha desplazado personalmente. “La EMFA [por sus siglas en inglés] es un reglamento pionero que garantiza el acceso a una información libre y plural, la independencia editorial, y protege el trabajo de los periodistas y a sus fuentes, en un momento en que es fundamental proteger esto en Europa”.
“En el acuerdo provisional se han evitado disposiciones que sabemos que preocupaban a las asociaciones de prensa, y por tanto, el reglamento es garantista con los derechos de los periodistas”, agrega Urtasun sobre la eliminación del texto de las alusiones a la 'seguridad nacional'. El asunto se ha despachado con una alusión a que la nueva normativa respetará las “responsabilidades de los estados miembros”. Fuentes de la negociación apuntan a que la seguridad nacional es una competencia de los países y que corresponde a ellos establecer las reglas al respecto.
“No hay ningún tipo de mención a la seguridad nacional en ninguna parte de este texto legislativo. Hay una provisión general, que es de sentido común, sobre que debemos respetar las responsabilidades de los Estados miembros en lo que se refiere a los tratados”, celebró una de las negociadoras de la Eurocámara, la liberal rumana Ramona Strugariu, informa la Agencia EFE.
La futura ley de medios, que ahora tienen que ratificar la Eurocámara y el Consejo de la UE (donde están representados los gobiernos), establece importantes obligaciones para la transparencia de los medios de comunicación.
Los estados miembros tendrán que crear una base de datos, accesible a los usuarios, en la que recoja quiénes son los propietarios de cada medio de comunicación.
Las administraciones públicas estarán obligadas, además, a hacer público el presupuesto que destinan a publicidad institucional y dónde se destina: nombre del medio, grupo al que pertenecen y cantidad de dinero que recibe. No habrá excepciones para esta medida, como solicitaba la Eurocámara, frente a la propuesta inicial, que dejaba fuera los territorios por debajo de un millón de habitantes. En el caso de España eso suponía mantener en la opacidad la publicidad institucional de la mayoría de ayuntamientos, a excepción de los de las grandes ciudades.
Otra de las medidas relevantes de la normativa es que las plataformas digitales, como norma general, no podrán retirar los contenidos de los medios de comunicación (siempre y cuando estos estén registrados ante la correspondiente autoridad nacional) y, en todo caso, tendrán que dar un aviso a esos responsables con los que iniciarán un procedimiento de máximo 24 horas de duración.