La UE, de momento, no se pone de acuerdo para imponer sanciones al Gobierno de Aleksander Lukashenko, quien lleva en el poder un cuarto de siglo y asegura haber ganado las últimas elecciones con el 80% de los votos mientras reprime violentamente las manifestaciones y protestas de la oposición. La UE no se cree el resultado de los comicios del 9 de agosto, no reconoce la victoria de Lukashenko y reclama nuevas elecciones y el fin de la represión. Pero no llega más lejos, a pesar de que el pasado 28 de agosto acordó redactar una lista de personas sometidas a sanciones.
¿Y por qué? Porque Chipre, un país de un millón de habitantes, está ejerciendo el veto a una decisión que necesita unanimidad: Nicosia quiere una reacción análoga contra Turquía, responsable de prospecciones ilegales turcas en aguas del Mediterráneo oriental de Chipre y Grecia. Pero los 27 parecen dispuestos a correr más contra Lukashenko que contra Tayyip ErdoÄŸan, con quien varios Estados de la UE, entre ellos Alemania, prefieren la vía del diálogo –es socio de la OTAN y tiene la encomienda de frenar el éxodo de refugiados del conflicto sirio–.
Mientras la UE evidenciaba sus dificultades para actuar en política exterior, la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, hablaba en el Parlamento Europeo después de haber desayunado con los 27 ministros de Exteriores de la UE reunidos en Bruselas: “Mi país está en una profunda crisis política, la mayoría del pueblo bielorruso está luchando por la libertad, por un nuevo futuro para todos los bielorrusos y contra las elecciones amañadas del 9 de agosto. Pedimos ayuda, y la de los países europeos es muy importante”.
Tijanóvskaya ha afirmado en la comisión de Exteriores de la Eurocámara: “Nuestro movimiento es pro Bielorrusia, es una revolución democrática con protestas pacíficas, no violentas. Nuestro movimiento, liderado por mujeres, es horizontal y de las bases”. ¿Y qué piden? “Pedimos la liberación de los prisioneros políticos, acabar con la violencia policial y nuevas elecciones. También les pido que demuestren su solidaridad con el pueblo de mi país, que apoyen a la sociedad civil bielorrusa y que apoyen a los medios de comunicación sometidos a presión continua por las autoridades del país. Piensen en en llevar a cabo investigaciones penales contra aquellas personas implicadas en delitos contra los derechos humanos en Bielorrusia. Les pido que trabajen con nosotros en favor de unas elecciones justas, transparentes y libres, acordes con las normas internacionales y bajo la supervisión de observadores locales e internacionales”.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha afirmado tras la reunión de los ministros de Exteriores: “Consideramos estas elecciones falsificadas, no reconocemos el resultado ni la legitimidad de Lukashenko. Esto no puede considerarse una injerencia en los asuntos internos porque la democracia y los derechos humanos son el núcleo de la identidad de la Unión Europea. Hay una clara voluntad de adoptar las sanciones, pero no ha sido posible hacerlo porque no se ha alcanzado la unanimidad necesaria”. Así, los ministros de Exteriores piden “orientación política” a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen este jueves y viernes en Bruselas.
Un mensaje similar al que trasladó la ministra de Exteriores española, Arantxa González Laya: “Las elecciones no fueron ni libres ni justas: en el momento en que se termine el mandato de Lukashenko hay que ver cómo se trabaja con un presidente de un país así”. La ministra española, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la conveniencia de incluir en la lista al propio líder bielorruso: “Hay una discusión sobre Lukashenko. Si la situación sigue así, si se sigue persiguiendo a la sociedad civil, al final el responsable es Lukashenko, pero sigue abierta la discusión sobre si el enfoque debe ser gradual o una lista más amplia posible”.
Quien sí que se mostró a favor de sancionar al propio presidente del país fue el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, presidente de turno de la UE.
“Para España esto no es una cuestión geopolítica”, ha dicho la ministra de Exteriores, “es una cuestión de respeto de los derechos humanos y a la democracia en Bielorrusia. Es verdad que hay un Estado miembro de la Unión Europea que hace una vinculación entre las sanciones en el caso de Bielorrusia y Turquía. Pero lo que sí es cierto es que no hay un obstáculo de fondo a la imposición de sanciones contra Bielorrusia y que en todo caso, este tema va a ser elevado a la a los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen a finales de esta semana para que ellos puedan tomar una decisión definitiva”.