Valls aprueba por decreto sus reformas por temor a una rebelión socialista
En un órdago que le ha arrastrado a enfrentarse a una moción de censura, el Gobierno francés aprobó este martes con un 'decretazo' la conocida como Ley Macron, el polémico proyecto estrella de Manuel Valls, que prevé una mayor liberalización de la economía y que ha ahondado en la brecha abierta en el seno del Partido Socialista francés, enzarzado a día de hoy en una guerra abierta.
Tras más de 190 horas de debate y ante la amenaza de que la ley no fuera aprobada, el primer ministro Valls apelaba a la “responsabilidad del gobierno” para sacar adelante el proyecto haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite ratificar directamente la ley sin someterla a voto en la Asamblea Nacional. Siempre y cuando, eso sí, no se presente –y prospere– una moción de censura contra el Gobierno en las 48 horas siguientes.
La Unión por el Movimiento Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy presentó este mismo martes junto a la centrista Unión de Demócratas e Independientes (UDI), esa moción que se votará el jueves. “Ya no hay ni mayoría ni Gobierno”, dijo el expresidente conservador. El Frente Izquierdista ha anunciado que apoyará este mecanismo contra el Gobierno que, sin embargo, tiene muy pocas posibilidades de prosperar, ya que el Partido Socialista roza, a falta de un escaño, la mayoría absoluta.
Pero si el episodio de este martes ha puesto en evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, para la crisis abierta en el seno de los socialistas ha supuesto un golpe de gracia. El desafío de los diputados rebeldes, que desde el verano han optado en varias ocasiones por abstenerse en el Parlamento para mostrar su desacuerdo con el giro liberalizador que Valls y sus ministros han dado al Gobierno, ha forzado al Ejecutivo a dar un puñetazo sobre la mesa y aprobar la ley por la fuerza.
Entre 30 y 40 diputados socialistas habían anunciado por la mañana que pensaban votar en contra del proyecto, una ley que consideran que se aparta de los principios socialdemócratas. Pocos minutos antes de que se celebrara la votación, en una sesión tensa y tras reconocer que, con la oposición de los rebeldes y de otros grupos parlamentarios era muy probable que no se obtuvieran los votos necesarios, el primer ministro anunciaba esta medida excepcional, utilizada por última vez por un Gobierno francés en 2006. A pesar de haber conseguido sacar adelante la ley, el episodio se percibe en Francia como una derrota para Valls y Macron, que podría tener un coste político en el futuro.
Una ley bajo el signo de la liberalización
El proyecto de ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas, más conocida como Ley Macron por su impulsor, el joven ministro de Economía Emmanuel Macron, pretende, según su creador, atacar las tres “enfermedades” de la economía francesa: “Desconfianza, complejidad y corporativismo”. Entre las medidas que prevé, la que más debate ha creado ha sido la del trabajo dominical, que se ha topado con la fiera oposición de la izquierda y sindicatos y el aplauso de la patronal francesa.
La ley prevé ampliar de cinco a doce los domingos que los comercios de las zonas turísticas podrán abrir a lo largo del año. Además, liberaliza el sector del transporte en autocar, desregulariza algunas profesiones como la de notario y contempla la privatización de bienes públicos por valor de entre 5.000 y 10.000 millones de euros.
Para la izquierda, el texto es demasiado liberal y responde a las exigencias de las grandes empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores, mientras que para la derecha, la ley se queda corta y no servirá para dar un impulso a la economía. Presionado por Bruselas para reformar la estancada economía francesa, el Gobierno presentó en diciembre la ley Macron como su gran proyecto económico, que ha sufrido varias modificaciones desde entonces.
