Venezuela ha citado al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, ante lo que el Gobierno de Nicolás Maduro considera unas “insolentes, injerencistas y groseras declaraciones” de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que este jueves llamó “dictadura” a Venezuela y criticó la “persecución” y “limitación de derechos fundamentales” que sufren los opositores en la nación suramericana. El Ejecutivo de Maduro también ha llamado a consultas a su representante en España, Gladys Gutiérrez.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha limitado a asegurar que “convocar a un embajador y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado”. “Nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo de Venezuela”, ha respondido en una entrevista en Radio Nacional. Sobre el término “dictadura” que usó Robles, Albares ha afirmado que los ministros de Asuntos Exteriores son “la última persona que tiene que entrar a poner un calificativo”. “Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener las mejores relaciones”, ha insistido.
El embajador, según explicó el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram, debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista, que considera que las declaraciones de Robles “apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países”. Sobre la embajadora en España no está claro si la cita es para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra.
La embajadora de Venezuela en Madrid, Gladys Gutiérrez, ya había abandonado España a las 16.30 horas del viernes tras ser llamada a consultas el jueves por el Gobierno de Nicolás Maduro, según fuentes conocedoras del viaje consultadas por Europa Press.
Robles: lo que hace Maduro con la oposición es “inaceptable”
Robles manifestó, tras la llegada del abanderado de la mayor coalición opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, a España -donde ha solicitado asilo al considerar que sufría persecución política y judicial en Venezuela-, que lo que hace el Gobierno del país caribeño con “muchísimos” antichavistas es “inaceptable e inasumible”
Este miércoles, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propuso una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper “todas las relaciones” diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, después de que el Congreso —sin efectos prácticos, con los votos de PP, Vox, PNV, UPN y CC— acordara instar a Pedro Sánchez a reconocer a González Urrutia como presidente electo.
El opositor, que llegó a Madrid el domingo, pidió asilo debido a la “persecución” que dijo sufrir después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral a Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia, una afirmación que sustentó en el “83,5 % de las actas electorales” que asegura haber recabado mediante testigos y miembros de mesa el día de las votaciones, que -aseguró- otorgan la victoria al antichavista por un amplio margen. No obstante, el Gobierno asegura que las actas, que fueron luego publicadas en una página web por la oposición, son “falsas”.
Tan sólo la Argentina del ultra Javier Milei; el Ecuador de Daniel Noboa, presidente que decidió el inédito asalto de la embajada de México en Quito, de forma indirecta; y la Panamá del conservador José Ramón Mulino han dado el paso de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. No lo han hecho ni los países de la Unión Europea, ni los grandes países de América Latina ni Estados Unidos. La mayoría de los países piden a Nicolás Maduro que muestre las actas electorales para poder reconocer a un ganador.