Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente y se expresa como tal. “Iniciamos con resultados concretos para todos los venezolanos”, dice en Twitter para vender como un logro de su 'presidencia' el compromiso de Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, de entregar al país 20 millones de dólares en ayuda humanitaria. Guaidó había pasado una mañana muy activa en redes sociales agradeciendo a todos los líderes internacionales que, poco a poco, le iban reconociendo como presidente legítimo de Venezuela.
Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro se encontraba en el Tribunal Supremo durante la presentación del año judicial 2019 y el Informe de Gestión 2019. “El país sigue su marcha y el Gobierno sigue gobernando”. Normalidad ante la anormalidad absoluta.
Un presidente discutido y un presidente autoproclamado. Dos 'presidentes' en un país donde la fractura del poder institucional empezó hace años, tras las elecciones de finales de 2015, cuando Maduro perdió el control de la Asamblea Nacional y, por tanto, del poder legislativo. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo anunció que asumía todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional, cuyas actuaciones consideraba nulas por encontrarse en una situación de “desacato” a sentencias anteriores del propio tribunal.
Meses después, Nicolás Maduro convocó elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo único objetivo, teóricamente, era cambiar la Constitución. Considerando que el objetivo del presidente era tener una cámara legislativa controlada por el Gobierno tras haber perdido el control de la oficial, la oposición no participó en las elecciones –la ANC tiene 545 escaños, 503 controlados por el Gobierno y 42 vacantes por renuncia o deceso–. El resultado: Venezuela tiene dos cámaras, una controlada por la oposición (Asamblea Nacional) y otra por el Gobierno (Asamblea Nacional Constituyente) con acusaciones cruzadas de ilegitimidad.
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en enero de 2018 un decreto convocando elecciones anticipadas presidenciales –el mandato de Maduro acababa en 2019–. “La constituyente acuerda convocar para el primer cuatrimestre de 2018 el proceso de elecciones presidenciales”, anunció Diosdado Cabello, presidente de esta cámara y hombre fuerte de Nicolás Maduro. El presidente revalida su mandato, pero la participación cae por debajo del 50%.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, no reconoce las elecciones de 2018 y considera, por tanto, que el mandato de Maduro ha terminado. Este es el fundamento según el cual la oposición considera ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro y el contexto según el cual el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó el miércoles presidente interino del país alegando la aplicación de dos artículos constitucionales. El artículo referido por Guaidó contempla la convocatoria de nuevas elecciones en menos de 30 días.
El 15 de enero, la Asamblea Nacional acusó al gobierno de Maduro de “usurpar el poder” y comenzó a redactar una ley de amnistía para proteger a cualquier miembro desertor de las fuerzas armadas. Días después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela volvió a dictaminar que la Asamblea Nacional es inválida y que cualquier acuerdo presentado por los líderes del legislativo es nulo. “En ningún caso y bajo ningún supuesto puede asumir un parlamento la acción de gobierno y la administración de la hacienda pública”, señaló en un comunicado el juez Juan José Mendoza.
Pero la duplicidad de poderes llega también al poder judicial. Tras perder las elecciones a la Asamblea Nacional y antes de que se constituyese la nueva con mayoría de la oposición, el gobierno de Maduro nombró nuevos miembros al Tribunal Supremo.
Dos años y medio después, en julio de 2017, la Asamblea Nacional nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a pesar de las advertencias de los miembros del propio tribunal. Meses después un grupo de estos jueces recién nombrados viajaron a Washington y se reunieron con varias personalidades, entre ellas el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El 13 de octubre de 2017 los nuevos jueces juran el cargo en la sede de la OEA, estableciendo el TSJ en el exilio o TSJ “legítimo”.
Guaidó se autoproclamó presidente este miércoles durante unas movilizaciones masivas convocadas por la oposición a propósito de la conmemoración del 61 aniversario del 23 de enero de 1958, cuando se derrocó al general Marcos Pérez Jiménez, líder del último gobierno militar que tuvo Venezuela. Guaidó ya había confirmado antes que se autoproclamaría presidente del país y horas antes del inicio de las movilizaciones ya aparecieron las primeras noticias filtradas sobre el apoyo de EEUU al futuro nuevo presidente.
Las recientes protestas en Venezuela se producen, además, en el marco de la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente ya que, aunque las elecciones se celebraron el 20 de mayo de 2018, la Constitución señala que se “tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional”. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha informado que la cifra de muertes en las protestas ha ascendido a 26 desde el inicio de las movilizaciones.