Víctimas del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt prevén presentar este miércoles ante la CIDH una demanda por denegación de justicia, a raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala que anuló la condena a 80 años del cárcel para el anciano militar por genocidio.
Así lo explicó hoy a Efe Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal para los Derechos Humanos y que representa a más de 100 víctimas que comparecieron en el proceso contra Ríos Montt (1982-1983).
Soto se reunió hoy en Nueva York con varias organizaciones civiles para explicarles el caso y este miércoles prevén presentar en Washington la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por una cuestión de procedimientos de la Comisión, “lo primero que solicitamos es que se acepte una denuncia por denegación de justicia en Guatemala”, adelantó Soto al aclarar que las peticiones “concretas” de la demanda todavía están elaborándose y terminando de ser redactadas.
Según Soto, las víctimas consideran que con la resolución de la CC que anuló la condena por genocidio a Ríos Montt se les niega el acceso a la justicia.
Ríos Montt, acusado de ser el responsable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché en 1982 y 1983, se encuentra a la espera de un nuevo juicio por ese caso.
El anciano militar, de 87 años, fue juzgado desde el pasado 19 de marzo junto a su antiguo director de Inteligencia Militar, José Rodríguez, por el Tribunal A de Mayor Riesgo.
El histórico juicio llegó a su fin el 10 de mayo cuando Ríos Montt fue encontrado culpable de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad (como se califica en Guatemala a los delitos de lesa humanidad) y condenado a 80 años de cárcel, mientras que Rodríguez fue absuelto.
Sin embargo, diez días después la CC anuló el fallo judicial por errores en el proceso legal y ordenó retrotraer el caso hasta antes de la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo.
Ríos Montt se encuentra en la actualidad con arresto domiciliario a la espera de que se resuelva su situación legal, al igual que Rodríguez.
Además, a finales de octubre pasado la posibilidad de que Ríos Montt sea amnistiado y evada así su supuesta responsabilidad en delitos de genocidio y crímenes de guerra quedó abierta por otro fallo de la CC.
El máximo tribunal guatemalteco, en una decisión apoyada por cinco de sus siete magistrados, ordenó a la Sala Primera de Apelaciones que pida al Juzgado A de Mayor Riesgo fundamentar jurídicamente “por qué no es aplicable la amnistía” solicitada por el general retirado.
La CC quiere que el tribunal “razone” y argumente jurídicamente por qué se excluyó el Decreto 8-86 en el proceso legal seguido en contra de Ríos Montt.
En esa normativa, aprobada por el régimen dictatorial de Óscar Mejía Víctores (1983-1986), se otorgó la amnistía a los militares y guerrilleros que participaron en la guerra interna que padeció el país (1960-1996).