La vuelta de las cacerolas: la resistencia callejera que se asoma contra Milei en Argentina

Sin demoras ni ambigüedades, el 20 de diciembre comenzó la batalla política que definirá el futuro inmediato de Argentina. A diez días de tomar el mando, el Gobierno de Javier Milei presentó un plan de reorganización nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de fuerte contenido neoliberal y que avasalla históricas conquistas democráticas. El anuncio fue precedido por la implementación de un protocolo represivo particularmente severo. Sin embargo, una masiva y espontánea protesta ciudadana rechazó de inmediato la prepotencia gubernamental, ocupó la calle por sorpresa y dejó en ridículo la pretensión ordenancista del Ejecutivo.

Una de las piezas principales de esa prepotencia gubernamental es “el protocolo antipiquetes” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 14 de diciembre en rueda de prensa. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial, con nombre oficial Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. Y fue duramente cuestionado por destacados organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero su presentación en sociedad fue pautada para el 20 de diciembre, jornada en la que se celebra la histórica rebelión ciudadana que tuvo lugar en el año 2001 contra el antipopular Gobierno de Fernando de la Rúa. Para recordar aquel acontecimiento, cada año, las organizaciones de izquierda organizan una marcha en el centro de Buenos Aires. Esta vez era una cita de honor. Había que demostrarle al Gobierno de ultraderecha que no iban a lograr amedrentar a la protesta.

No fue tarea fácil. Quienes viajaron en tren a Capital Federal para participar en la movilización debieron escuchar por los altavoces de las estaciones el amenazante audio del Ministerio de Capital Humano: “El que corta no cobra”, decía. El mensaje estaba dirigido a quienes perciben un programa social y fue reproducido también en las pantallas de información, en la app para gestionar trámites MiArgentina y en carteles pegados en las paredes. Hubo un plus: se habilitó la línea 134 para denunciar si algún beneficiario estaba siendo obligado por las organizaciones a movilizarse, bajo pena de perder la asistencia. Algunos días más tarde se sabría que la invitación oficial a delatar irregularidades había sido un fracaso.  

Desde las primeras horas de la mañana, quienes acudieron en autobuses de línea desde el conurbano bonaerense difundieron videos en los que se veían controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), algo inédito y altamente agresivo. La policía subía, revisaba si tenían carteles o camisetas de organizaciones políticas, y los grababa sin motivo aparente.

Mientras tanto, efectivos de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) se apostaron en diferentes puntos de acceso con la intención de impedir la movilización, pautada a las 15:00 horas. Y la ministra Bullrich, junto al presidente Milei, difundieron imágenes donde se los veía en la “sala de situación” del Departamento General de la Policía de la Ciudad, monitoreando con actitud bélica la protesta pacífica.

La tensión se incrementó cuando las columnas de manifestantes que se acercaban a la Casa Rosada crecieron hasta el punto de cortar la calle. La Policía no pudo evitarlo, pero hubo forcejeos y dos personas fueron detenidas: Héctor Adolfo Ganzo, de 63 años, integrante de la organización Polo Obrero, al que se le inició una causa por “desobediencia”; y Ulises Nicolás Fernández, de 25 años, que quedó arrestado por “atentado, resistencia a la autoridad y lesiones”. 

A las 16:00 horas unos 15.000 manifestantes escucharon el documento que se leyó en la Plaza de Mayo. Nacho Levy, integrante de la organización La Poderosa, destacó la protesta “por la masividad, responsabilidad y compromiso pacífico de la dirigencia”. Remarcó que hubo un “despliegue espectacularizado de la Policía”, con una cantidad innecesaria de provocaciones a las que las personas que se manifestaron no respondieron. “Sobre Avenida Belgrano, la policía empezó a presionar a la gente contra la pared, se buscó por todas las vías que se desmadrara, pero no lo lograron”, aseguró.

La vuelta de las cacerolas

Tras las escaramuzas, esa misma noche a las 21:00 horas, Javier Milei hizo público en cadena nacional el DNU 70/23. La reacción popular fue inmediata, sorprendente y espontánea: en la Ciudad de Buenos Aires brotaron cacerolazos primero en las casas y balcones, luego la ciudadanía se volcó a las esquinas, y finalmente una multitud se desplazó hacia los centros del poder político a manifestar el descontento. Un masivo corte se realizó en la Plaza de los dos Congresos, hasta pasadas las 3:00 horas de la madrugada.

Carola Gómez, historiadora, 55 años, llevaba una espátula y una cacerolita mientras enfilaba por Entre Ríos hacia el Congreso. Ya tenía pensada la excusa por si la detenían con el protocolo Bullrich, al que consideraba un virtual estado de sitio: “Voy a decir que estoy haciendo una tarta”. La gente se colgaba de las rejas del Parlamento, se agolpaba en la explanada, subía a los postes y a los kioscos de revistas. Sonaban cánticos nuevos y remixes de los clásicos: “La patria no se vende”, “Milei, basura, vos sos la dictadura” y “Paro general”.

Jhon Pineda, con una mochila de la app PedidosYa en la espalda y la cara cubierta con un casco de bicicleta, grababa con incredulidad toda la escena subido a una reja sobre la calle Yrigoyen. Este venezolano de 39 años que vive hace ocho en Argentina nunca había visto una marcha así. No quiere que se derogue la Ley de Alquileres. “A nosotros, los inmigrantes, nos mata”, dice a Crisis. “Los propietarios nos cobrarían lo que quieran y en dólares”. Tampoco está de acuerdo con que las medidas se hayan tomado “de un plumazo”: cree que Milei es autoritario. “Yo siempre dije que era como un Chávez de derecha”.

Amparo, que tiene 25 y trabaja en una empresa de recursos humanos, exigía al máximo sus cuerdas vocales mientras golpeaba una botella de agua con la mano: su improvisada cacerola. “Solamente tengo esta botella, mis manos y mi voz, que casi perdí completamente”, dijo a la revista. “Y lo hice con gusto, incluso si mi trabajo consiste básicamente en hablar por teléfono. No me importa nada”. Argumenta que el DNU es inconstitucional, que ataca los derechos más básicos y que Milei es violento. “Matar a la gente de hambre y quitarles el techo, y el absurdo y vergonzoso despliegue de la Gendarmería y la Policía hoy es una muestra de violencia”.

El historiador Ezequiel Adamovsky estuvo en los cacerolazos de diciembre de 2001 y también se sumó a estos, 22 años después. Al día siguiente publicó sus impresiones en un artículo titulado El regreso de las cacerolas. “Acaba de ganar un candidato que despertó esperanzas en un sector importante de la población y en la medida en que esas esperanzas se vean frustradas, que obviamente va a suceder de acá a poco, los cacerolazos van a ser la expresión de un sector de la población, aunque aún no tienen la característica disruptiva que tuvieron en 2001”, dice a Crisis. 

Durante la intempestiva protesta nocturna no hubo ninguna respuesta policial concreta. Unos pocos patrulleros rondaron la zona y algunos agentes de tráfico cortaron las calles a unas manzanas del Congreso para evitar el avance de vehículos hacia la zona. El protocolo antipiquetes había fracasado estruendosamente el mismo día de su promocionada presentación en sociedad.

El despertar de Córdoba y Rosario

Al día siguiente, 21 de diciembre, los cacerolazos tronaron en otras ciudades del país. La primera protesta masiva contra Milei en Córdoba terminó con cinco detenidos, incluido un periodista que se había identificado como tal. La policía provincial disparó balas de gomas y gases lacrimógenos.

En Rosario, la movilización contra el DNU juntó muchísima gente en el Monumento a la Bandera, mientras se escuchaban cacerolazos en el centro de la ciudad en rechazo a las medidas del Gobierno. El Concejo Deliberante aprobó una resolución de rechazo al Decreto presidencial, impulsado por los concejales del partido Ciudad Futura, casi en paralelo a las marchas. 

“Se trata de que lo que generamos en las calles vaya teniendo un repliegue desde la institucionalidad”, dice Caren Tepp, referente del partido municipalista que estuvo a punto de ganar en 2023 la intendencia. Hace diez años que la concejal y su espacio hablaron de una “democracia bloqueada”. Hoy, Milei intenta desbloquearla “por arriba”.

Sin embargo, considera que puede anidar una oportunidad en el hecho de que todo esté puesto en discusión: “Tenemos que definir si vamos a defender para reconstruir el sistema existente que nos trajo hasta acá o si nos animamos a pensar nuevos modelos de sociedad para nuestro país, basados en la solidaridad y la cooperación”, dice. Tepp cree que, para tal propósito, se debe tejer una plataforma común que articule luchas que hoy parecen “fragmentadas, sectoriales y desarticuladas”. Y completa: “Si hoy la democracia está siendo atacada desde arriba es necesario poder defenderla desde abajo”.

Marcha de la CGT y huelga

Los cacerolazos y la ocupación de la calle por el descontento operó como un clic para destrabar la contractura y la inercia que inmovilizan a los grandes actores organizados del campo popular. El miércoles 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización al Palacio de Justicia de la Nación, acompañando la presentación de un amparo para declarar inconstitucional el DNU, que intenta limitar los derechos laborales. Fue otro desafío al protocolo de Bullrich.

Esta vez sí se movilizaron los movimientos sociales mayoritarios, pero lo hicieron sin distintivos y fue una marcha a medio gas: no se puso toda la carne en el asador. Las dirigencias de las organizaciones gremiales (varias de ellas en plena negociación) pidieron a sus integrantes ir sin ropa de trabajo o distintivos. Y convocaron principalmente a los delegados y delegadas. 

La manifestación fue convocada a las 11:00 horas y no hubo oradores. Se leyó un documento consensuado y se retiraron rápidamente. Durante la marcha no hubo represión contra los manifestantes, pero en la dispersión se produjeron algunos escarceos y hubo cuatro detenidos a varias manzanas de la localización del acto. La cantidad de efectivos concentrados casi igualaba a quienes protestaban.

El caso de Martin Brunas, encargado de la prensa de la Central de Trabajadores Argentinos, fue registrado por un video en el que se lo ve grabando, sin cometer ningún tipo de delito, cuando un agente policial lo agarra desde atrás y junto a otros efectivos lo reducen en el suelo.

Al día siguiente, luego de una larga reunión del Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, la CGT convocó a un Paro General con movilización para el 24 de enero contra el mega DNU de Javier Milei. La central obrera más grande de la Argentina resolvió llevar adelante la medida de fuerza en esa fecha, para presionar al Parlamento que durante esos días debería tratar el decreto. También protestarán contra la ley Ómnibus. La última huelga general de la CGT fue en mayo de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Uno de los pocos dirigentes políticos de primera línea que participó en la manifestación convocada por la CGT y los movimientos sociales fue Juan Grabois, precandidato a presidente del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado y referente del partido Patria Grande. Al momento de concluir la protesta, fue entrevistado por los medios de comunicación que se encontraban en el acto y desplegó fuertes críticas a las propuestas del Gobierno. Denunció que, de aprobarse, el presidente podría convertirse en tirano y cuestionó a los principales dirigentes de la oposición por no participar en la oposición callejera.

¿Qué tipo de estrategia puede ser la más conveniente durante los próximos días? “Todavía el deterioro material en las condiciones de existencia de las clases medias y bajas de la Argentina no ha pegado de lleno, y si bien los sectores organizados tienen reserva y capacidad de lucha, todavía no hay una masificación del repudio”, dijo a Crisis. “Los que tienen una obligación principalísima hoy son los dirigentes políticos”. Para Grabois, es imperativo que el peronismo, la izquierda y sectores de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical luchen para que el DNU no se apruebe, de manera coordinada o dispersa, eso no importa. Para el dirigente social, tanto el DNU como la Ley Ómnibus son “leyes de demolición del Estado social argentino y del régimen republicano, representativo y federal” y no deben “pasar las instancias constitucionales”, es decir, el Congreso y la Corte Suprema. 

“Pobreza más autoritarismo es la consolidación de un esquema represivo que viola todos los estándares internacionales de derechos humanos, incluso nuestra Constitución”, dice. “Frente a esto hay que tener una posición inteligente, equilibrada, pero de firme oposición a la instalación de una suerte de totalitarismo policial en Argentina”.