El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, está tirando de mecanismos de todo tipo para doblar la mano de diferentes gobiernos municipales y autonómicos. El último capítulo del chantaje tiene que ver con la salud pública y con la sostenibilidad del sistema sanitario.
Hoy contamos en eldiario.es que Montoro obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal del Fondo de Liquidación Autonómica a firmar un convenio que garantice que el gasto público en medicamentos privilegiará a la industria farmacéutica. ¿Cómo? Sencillo: les pone un mínimo de gasto en productos auspiciados por Farmaindustria, lo que de facto significa reducir el gasto en medicamentos genéricos independientes, que son más baratos e igual de efectivos. Más resumido todavía: el Gobierno obliga a destinar dinero en determinados medicamentos de marca a cambio de una ayuda económica para servicios públicos. O más simple aún: se están malgastando fondos de crisis para financiar indirectamente a las farmacéuticas, uno de los negocios más rentables del mundo.
Los medicamentos genéricos son alternativas más baratas a las marcas de siempre. Una vez que vence la patente del laboratorio que desarrolla y comercializa un principio activo, y que dura normalmente alrededor de 20 años, se abre la veda para que pueda comercializarse de manera más asequible.
El argumento de fondo para que exista una patente es beneficiar la inversión en investigación: si sabes que el medicamento es solo tuyo durante 10 o 20 o 30 años, te merece la pena invertir en su investigación científica y desarrollo. Sin embargo, las grandes farmacéuticas utilizan todo tipo de trucos para registrar como nuevas patentes medicamentos que en realidad son prácticamente idénticos a otros ya existentes en su laboratorio, lo que acaba favoreciendo el oligopolio y manteniendo unos precios abusivos.
Mientras que Farmaindustria asegura que la media invertida para desarrollar un medicamento es superior a 2.500 millones de dólares, Médicos Sin Fronteras asegura que esa cifra es de alrededor de 150 millones. Por ejemplo, según MSF, el laboratorio GSK inviritó entre 130 y 400 millones de euros en I+D para lograr la vacuna infantil contra el rotavirus que se vende en farmacias por más de 240 euros en tres dosis. Las ventas alcanzaron los 2.600 millones de euros en solo cuatro años, de 2010 a 2013.
Al consejero delegado de Bayer le dio un ataque de sinceridad en 2014 cuando hablaba de un genérico contra el cáncer que el Gobierno de India quería comercalizar por 420 dólares mensuales frente al equivalente al de Bayern, que valía 4.200 euros mensuales: “Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado indio, lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”, reconoció Marjin Dekkers.
Hace unos meses publicamos en eldiario.es el especial Salud de lujo, donde explicamos cómo funciona la especulación con medicamentos y su impacto sobre el sistema de salud. Las grandes farmacéuticas se encargan, por todos los medios, de bloquear la democratización de los medicamentos a través de los genéricos. Primero, utilizando herramientas de capitalismo salvaje para impedir que los genéricos sean accesibles. Una tendencia reciente en la industria es que grandes laboratorios compren a otros más pequeños e independientes para que no puedan hacerles la competencia con sus genéricos; y más allá, muchas empresas desarrollan sus propios genéricos para que “compitan” (en realidad, para que no lo hagan) con sus propios medicamentos de marca.
Con un ejemplo, que recordaba nuestro compañero Raúl Rejón en este reportaje, se entiende mejor: el genérico que más se vende en España es el Adiro, que es ácido acetilsalicílico, con menos cantidad y con usos específicos pero parecido la mítica Aspirina. ¿Quién comercializa la Aspirina? Bayer. ¿Quién comercializa el Adiro? Exacto. Bayer.
Por otro lado, los laboratorios gastan millones en influir y controlar el mercado y las autorizaciones oficiales para poder vender un medicamento, que es de lo que en realidad se trata este pacto entre Montoro y Farmaindustria para garantizar un mínimo en las comunidades autónomas. Para entender cómo tiene Farmaindustria la capacidad de hacer eso, es útil que entendamos cómo se le pone precio a un medicamento, algo que explicamos en este vídeo.
Los medicamentos no son un producto más. Necesitan autorización pública para comercializarse en España y luego necesitan un precio fijo al que las administraciones van a financiarlo para que luego salga, en muchos casos, más barato o gratis en la farmacia.
En la mesa donde se negocia con las farmacéuticas y deciden los precios de los medicamentos hay 11 personas de diferentes ministerios y otras administraciones. Más allá de lo que trasciende informalmente, ni sabemos quiénes son ni el Gobierno quiere darnos sus nombres. No podemos, por tanto, vigilar que no se produzcan conflictos de intereses o corruptelas. La sospecha no es conspiranoica, teniendo en cuenta la enorme tradición de influencia de las farmecéuticas sobre los médicos para condicionar qué medicamentos recetan.
Al hacerle una radiografía al sector, nos sale que el 50% de los medicamentos de marca autorizados en España pertenecen a una veintena de laboratorios multinacionales. Novartis, Pfizer, GSK, Sanofi y Ferrer lideran este ranking de laboratorios y entre las cinco suman más de 1.276 medicamentos autorizados en España. No es raro ver a sus comerciales, “visitadores médicos” lo llaman, convenciendo a médicos de familia en centros de salud, con viajes y regalos si es necesario.
En España, las grandes farmacéuticas dedicaron más de 230 millones de euros solo en 2015 para pagar patrocinios, colaboraciones, viajes, cursos u honorarios de profesionales médicos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. En 2016, Pfizer tuvo que despedir a 30 directivos de su sede de Madrid al destaparse un caso flagrante de pagos irregulares a médicos por todo el país. Algunos hemos visto escenas llamativas, como la de un 'visitador' que se cuela en un hospital público de Madrid hasta la puerta de un quirófano y se pone a hablar con el doctor mientras éste practica una prueba a un paciente con anestesia general. Si eso pasa al nivel bajo de influencia, qué nos estaremos perdiendo detrás de las cortinas donde se deciden los grandes números del negocio de la salud pública.
Sobre este blog
Juanlu Sánchez es periodista, cofundador y subdirector de eldiario.es. Colabora en La Sexta y en el New York Times. Fue cofundador de Periodismo Humano y como reportero pasó de la cobertura especializada en derechos humanos a documentar la génesis y las consecuencias sociales y políticas del 15M. Es autor del libro 'Las 10 mareas del cambio' y profesor en el Máster Oficial de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
