El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza 2010, que dotará de más recursos a las organizaciones de acción social y destinará 300 millones de euros del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad para que se pongan en marcha más de 2.150 programas de inclusión social, que beneficiarán a mas de un millón de personas.
Según explicó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta iniciativa, que “refuerza” el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010, servirá también para “afrontar la crisis económica en mejores condiciones, además de atender a los ciudadanos más afectados y ofrecer nuevas herramientas para mitigar los efectos de la crisis a los colectivos de mayor vulnerabilidad”.
Este nuevo plan, anunciado la pasada semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enmarca en la nueva Ley destinada a la Economía Social (cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, asociaciones para discapacitados, centros especiales de empleo, etc) que el Ejecutivo tiene previsto presentar antes del verano en el Consejo de Ministros.
La iniciativa aprobada hoy recoge, por un lado, un paquete de medidas para reforzar la atención directa a las personas en riesgo de exclusión social por parte de los ayuntamientos; y por otro, el aumento de los recursos de las organizaciones no gubernamentales para la integración laboral de las personas en riesgo exclusión social a través de la creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros.
Asimismo, Jiménez anunció que el incremento del porcentaje 0,7 del IRPF para fines sociales se va a destinar a programas de inclusión social. En concreto, este año 2010 la recaudación va a alcanzar los 205 millones de euros, “la mayor cantidad en la historia de este programa”. “Son, por tanto, 14 millones de euros más respecto al año pasado que van a ir destinados directamente a las ONG para que puedan desarrollar estas iniciativas”, añadió.
Con este plan extraordinario, el Gobierno pretende también reforzar la labor que desarrolla el Tercer Sector (centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones). “El Gobierno entiende que son una fuente de riqueza y creación de empleo extraordinario porque representa un 10% del empleo nacional y un 5% del PIB y por ello el presidente se comprometió hace una semana a presentar la Ley de Economía Social que nos permita ofrecer un marco jurídico estable que facilite y promueva su desarrollo”, dijo la ministra.
Además, se incluyen medidas para reforzar las funciones de estas entidades, como la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad, además de incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.
Entre las medidas aprobadas hoy por el Gobierno destaca la aprobación en un plazo máximo de dos meses de un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el período 2010-2012. Este nuevo plan impulsará las acciones necesarias para corregir los desequilibrios existentes entre la población gitana y el conjunto de la población española. Dichas acciones se centrarán en promover la participación social del colectivo gitano, así como el ejercicio de sus derechos y el acceso a bienes y servicios.