El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha cifrado este martes en 35 los Expedientes de Regulación de Empleo presentados en La Rioja en lo que va de año. De ellos, 11 tienen relación con el atentado de Calahorra, por los que el Ejecutivo no los toma en cuenta en lo que a una valoración de la situación empresarial de la región se refiere. De los 24 restantes, 18 han sido admitidos, 4 han resultado denegados y dos desestimados por las personas que los habían presentado.
En total, 352 personas han resultado afectadas por los 35 ERE presentados frente a las 275 de 2007. De ellas, 155 han sufrido la extinción de su empleo, 197 han visto suspendido su trabajo de manera temporal.
Sanz ha facilitado esta información tras la reunión mantenida este martes con los representantes de la Federación de Empresarios de La Rioja y de los sindicatos UGT y CCOO, en la que el presidente ha anunciado un Plan de Medidas Integrales para el Fomento del Autoempleo y en la que se ha analizado la crisis en la región después de que se conocieran los últimos datos de desempleo en La Rioja.
Unas cifras que sitúan la tasa de paro riojana en el 9,49%, una cota no alcanzada por la región desde junio de 1997. “Esto -ha asegurado Sanz- pone de manifiesto la crisis nacional y la repercusión que ésta tiene sobre las distintas comunidades autónomas”. Sanz ha destacado, sin embargo, la “mejor” situación de La Rioja respecto a la media nacional en todos los ordenes.
LAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN EL PUNTO DE MIRA
Minutos antes de su comparecencia, han hablado los representantes económicos y sociales invitados a la reunión. Julián Doménech, presidente de la FER, ha sido el primero en tomar la palabra para lamentar, en primer lugar, el incremento del paro en la región a pesar de encontrarse, según ha reconocido, entre las únicas cinco comunidades en las que el paro se sitúa por debajo del diez por ciento.
Doménech, que ha aludido durante su discurso a la permanencia del “efecto llamada” de La Rioja en la atracción de inmigrantes, ha insistido sobre todo en la falta de liquidez de algunas pymes de la región. “Unas 120 empresas han solicitado ya el aval de liquidez en Ader Infraestructuras”, ha argumentado.
Por ello, entre otras cosas, el presidente de la FER ha dirigido sus palabras más duras a bancos y cajas, a los que ha pedido “responsabilidad”. “Sobre todo, ahora que reciben dinero del Estado, dinero que pagan los ciudadanos”, ha afirmado. “No se puede dejar ahora el sistema sin dinero, cuando el tiempo anterior ha sido provechoso para ellos”, ha censurado para tirar luego de metáfora para hablar del futuro empresarial.
“A pesar de que graniza, -ha apuntado- hay que ser optimista”. Las empresas riojanas, según asegura, tienen “carga de trabajo” suficiente. Por eso, ha concluido: “Las previsiones no son halagüeñas pero entiendo que si se nos ayuda podremos salir bien de la situación”.
LA POSTURA SINDICAL
Tras él, ha tomado la palabra Javier Granda, secretario general de UGT en La Rioja, que ha querido mostrar en primer lugar su “profunda preocupación” por la situación actual. Las entidades financieras también han estado en el centro de sus exigencias, foco de un problema que cree “fundamental”. “Las empresas ven cómo los bancos no les aportan liquidez, lo que les genera serias dificultades”, ha afirmado.
Por otra parte, Granda ha insistido en que “muchas empresas se han anticipado a la crisis”, despidiendo a trabajadores eventuales, de obra y servicio... “A veces con ofertas por debajo de la regulación, lo que denunciaremos”, ha acusado.
Granda también ha tenido unas palabras para la Administración estatal y regional. A ambas ha reclamado que hagan “efectivas las medidas” presentadas y “presionen” a las entidades financieras para que apoyen a las empresas.
La intención del empresariado de “congelación” salarial en 2009 ha sido el último punto al que se ha referido el secretario general de UGT. Una medida a la que, como no podía ser de otra forma, se ha opuesto. “Los trabajadores no volveremos a pagar otra crisis”, ha advertido.
En la misma línea, ha intervenido Jesús Cámara, secretario de Empleo de CCOO, que ha llamado la atención sobre el hecho de que las cifras de desempleo provengan en mayor medida de la “rescisión de contratos de manera individual” que de los propios ERE.
Ante ello, Cámara ha lanzado un llamamiento a los trabajadores para que “defiendan sus derechos y hagan valer las garantías legales” en el caso de rescisión de su contrato.
Ambos sindicatos han anunciado que centrarán sus esfuerzos próximamente en informar a los trabajadores. UGT lanzará así una campaña especial a partir del día 15 de diciembre; CCOO se reunirá el día 10 con sus delegados para trabajar sobre la situación.