El Tribunal de Cuentas ha realizado la fiscalización de siete ayuntamientos y diez mancomunidades de La Rioja por no cumplir con la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios de 2013, 2014 y 2015.
En concreto, fiscaliza al Ayuntamiento de Villalba de Rioja por no rendir cuentas en los tres ejercicios, mientras que a otros seis - Clavijo, Ortigosa, Ochánduri, Villanueva de Cameros, Pradillo y Villaroya- por no hacerlo en 2015.
En el caso de las Mancomunidades, las de Oja-Tirón, Zarratón de Rioja, Hervias y San Torcuato; Monte Rad-Yedro; Desarrollo Turístico Oja-Tirón; Anguiano-Matute-Tobia; Alto Iregua; y Aguas del Glera, se las fiscaliza por no rendir cuentas ni en 2013, 2014 y 2015.
Por su parte, la Mancomunidad del Desarrollo turístico 'La Senda Termal' no lo has rendido en 2014 y 2015, mientras que a la del Alto Najerilla le faltaría la de 2015, y a la de 'Pueblos del Moncalvillo' de la 2013.
En el conjunto nacional, el Tribunal de Cuentas ha acometido la fiscalización de un total de 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y una diputación provincial que no habían cumplido la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios de 2014 y 2015, con el fin de contribuir a “remover los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión” que originan el incumplimiento.
Según ha informado el Tribunal de Cuentas en un comunicado, en marzo de 2017 se remitieron oficios a las entidades incumplidoras requiriendo la rendición de cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, y solicitando información sobre “una serie de aspectos esenciales” para “evidenciar las razones del incumplimiento”.
A principios de este mes de julio, el Tribunal ha cursado una serie de escritos a los alcaldes que aún no han rendido las cuentas solicitadas, citándoles para que se personen ante el Tribunal en caso de que a finales de mes no atiendan esta petición.
Asimismo, el Tribunal ha asegurado que esta personación se efectuaría sin perjuicio de las medidas establecidas en su normativa reguladora, tales como la realización de requerimientos conminatorios y la imposición de multas coercitivas a los responsables de las entidades incumplidoras, “que se harán efectivas sobre el patrimonio de estos”.
El Tribunal de Cuentas ha recordado además su recomendación de vincular la percepción de ayudas y subvenciones por las entidades locales a la previa rendición de cuentas por parte de estas.