Hace poco más de un año no se podía interrumpir voluntariamente un embarazo en La Rioja. Todas las mujeres que querían acogerse al derecho al aborto eran derivadas clínicas privadas fuera de la comunidad autónoma. Con la puesta en marcha del Centro de Atención Sexual y Reproductiva en La Casita del Hospital General de La Rioja y la entrada en vigor de la modificación de la Ley del Aborto, La Rioja saldó la deuda y empezó a asumir las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, aunque todavía con limitaciones.
La sanidad pública riojana asumió el aborto en febrero del año pasado con el método farmacológico, que contempla hasta la semana nueve, pero sigue derivando todos los abortos quirúrgicos, que se puede realizar hasta la semana doce, a una clínica concertada en Pamplona. Según datos del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pedro, el año pasado se hicieron 367 abortos farmacológicos en La Rioja y 88 fueron derivados para seguir el método quirúrgico, lo que supone un 20% de casos que se siguen derivados a otra comunidad autónoma. Para la Jefa de Servicio, María José Puente, “el cambio que ha habido ha sido radical teniendo en cuenta que hace un año los 358 abortos que hubo tuvieron que derivarse”.
La nueva Ley del Aborto contempla que la sanidad pública y el hospital más cercano al domicilio de la mujer debe ser referente para una interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la posibilidad de realizar también los abortos quirúrgicos en La Rioja todavía no parece estar sobre la mesa por el momento: “Instaurar un aborto instrumental requiere una organización mucho más complicada, la implicación de más profesionales, como anestesistas y personal de enfermería, la disposición de quirófano. Se planteó si venían profesionales de fuera, pero ya no depende de mí y desconozco las intenciones de los actuales gestores”, ha explicado la doctora Puente. Además, añade: “No es solo Logroño, casi ningún hospital público está haciendo los abortos quirúrgicos y en la mayoría son derivados, pero en otras comunidades hay clínicas concertadas. Hay que ir dando pasos poco a poco”.
El principal obstáculo para que en La Rioja no se pudiera interrumpir un embarazo era una objeción de conciencia generalizada de todo el servicio de ginecología. Ahora la nueva ley obliga a que ese registro de objetores sea público y La Rioja ya lo ha registrado en el Portal de Transparencia. “El registro lo teníamos hace tiempo pero cuando se instauró el aborto farmacológico se renovó”, puntualiza la jefa del servicio. Actualmente en La Rioja solo tres profesionales no son objetores de los 26 ginecólogos y ginecólogas de la sanidad pública. “Hay que tener claro que vamos dando pasos pero tenemos que conciliar el derecho de la objeción de conciencia con el derecho al aborto”, reitera la doctora.
“Que estén tranquilas porque todas las mujeres que quieran solicitar la interrupción del embarazo, se les atiende con la mayor celeridad”, señala. La rapidez para atender las solicitudes es fundamental y ha mejorado con la puesta en marcha de La Casita como Centro de Atención Sexual y Reproductiva, al que se puede llamar directamente sin pasar por el médico de familia y se da una cita rápidamente. “Allí se le informa y se le explican los métodos para que puedan decantarse por uno o por otro. La nueva ley ha eliminado los días de reflexión así que en el caso del aborto farmacológico se van con el tratamiento correspondiente para que lo puedan hacer en su caso y en los abortos quirúrgicos salen del centro con la cita para la clínica para la que no transcurre más de una semana”, explica María José Puente, que aclara que todos los gastos de la intervención y el desplazamiento los cubre el SERIS:
“Hay mujeres que de entrada prefieren acabar cuanto antes y se derivan y otras prefieren el método farmacológico porque lo asumen en casa, es menos agresivo y tiene menos complicaciones, un aborto instrumental tiene más riesgos porque no deja de ser una intervención quirúrgica”. En el método farmacológico, hay una consulta posterior en la que se comprueba que ha sido efectivo, ya que aunque tiene un éxito del 90% hay casos en los que no se termina de expulsar y requiere un legrado posterior, que en este caso sí se realizaría en un hospital de La Rioja, al igual que se realizan en todos los casos de malformación fetal o grave riesgo para la mujer.
La jefa de servicio de Ginecología resalta la importancia de esta consulta posterior porque en ella se realiza una planificación y se estudia con cada usuaria el método anticonceptivo más eficaz. “Es importante evitar el aborto de repetición, que llega a alcanzar el 33%. La Rioja tiene la tasa más baja de IVES pero tenemos que bajarla todavía más con una buena planificación”, apunta Puente.