Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado, el alto tribunal acepta el recurso contra el apartado de la Ley del Sector de Hidrocarburos en el que se define la autoridad administrativa sobre instalaciones de distribución de gas.
El apartado sobre el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presenta el recurso establece que la construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones de distribución de gas natural estarán sujetas a autorización administrativa.
La administración, añade el texto, deberá autorizar además la transmisión de estas instalaciones, y en sus decisiones acerca de cierre de las mismas podrá imponer a su titular la obligación de su desmantelamiento.
Por otro lado, el apartado señala que las autorizaciones de construcción y explotación deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona y, cuando ésta no exista, a la entidad que corresponda a partir de los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de menor coste para el sistema gasista.
La modificación sobre la ley sobre hidrocarburos, de 1998, fue realizada por el Ministerio de Industria para adaptar la legislación a las directivas europeas sobre la materia.