La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado a Efeagro que España no ha modificado su posición en relación a los derechos de plantación de viñedo, ya que está en contra de su liberalización, y pide que se ponga fin a cualquier polémica “falsa” por motivo “electoral”.
La ministra ha insistido en que cuando se debatió este asunto en el marco de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, España ya dijo que no estaba de acuerdo con que se lleve a cabo la liberalización en la plantación de viñedos en la Unión Europea (UE), un debate que se tratará a finales de 2012 para su posible aplicación a partir de 2015.
“Como no quiero que haya un malentendido, quiero dejar claro que la posición del Ministerio y del Gobierno de España es contraria a la liberalización de plantación de viñedos”, ha precisado.
Para Aguilar, la posición española “es clara, concreta y contundente, y espero que nadie pretenda hacer un problema de esto por razones de carácter electoral”.
En cuanto a la carta rubricada por varios países de la Unión Europea (UE) que se oponen a esta medida -un frente liderado por Francia, Italia y Alemania, junto a Austria, Hungría, Portugal, Rumanía, Chipre y Luxemburgo-, ha señalado que aunque no esté la firma del Gobierno “no hay ningún problema en firmarla”.
Esa misiva recoge el posicionamiento de España, “el que ha defendido siempre en el marco de la OCM y el que vamos a seguir defendiendo”, ha afirmado.
“Nosotros no hemos cambiado y por eso no hacía falta firmar ninguna carta, pero no tenemos ningún inconveniente en hacerlo”, ha aseverado.
En este sentido, Aguilar ha mostrado su esperanza de que este asunto “quede claro y se ponga punto final a cualquier polémica falsa que se quiera concitar”.
La Organización Común de Mercado (OCM) apostó a finales de 2007 por modificar el sistema actual -basado en derechos de plantación de viñedos que limitan la expansión del cultivo de viñas- para impulsar la liberalización en el sector.
Productores y bodegas españolas
han planteado que si se acaba con el régimen actual de derechos de plantación se dejará la puerta abierta a la expansión del cultivo de manera “masiva” e “indiscriminada”, que provocará el desequilibrio entre la oferta y la demanda y, por ello, un riesgo económico, social y medioambiental.
Países como Francia han advertido de que la iniciativa es “una locura económica” que la Unión Europea debe reconsiderar.
El sector teme una “industrialización” y “deslocalización” de viñedos, que perjudicaría a la “cultura del vino” milenaria y, especialmente, a los caldos de calidad o denominación de origen de las regiones tradicionalmente productoras.
La liberalización es rechazada por organizaciones agrarias, Parlamento Europeo, Conferencia española de Consejos Reguladores Vitivinícolas españoles y Federación Europea de Vinos con Denominación de Origen, entre otros agentes económicos y sociales.