Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido ya a al menos 20 personas en el marco de la operación contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga), informaron fuentes de la investigación.
Los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también ha librado órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La investigación corre a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial y, entre los arrestados, figura el actual alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. Además, un arquitecto del Ayuntamiento salió esposado del edificio Puertosol sobre las 11.05 horas y fue introducido en un vehículo por agentes policiales, según informaron a Europa Press testigos presenciales.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) es el encargado del caso de presunta corrupción urbanística en dicha localidad, cuya operación policial se desarrolla aún desde primeras horas de esta mañana en distintas dependencias municipales por parte de la Policía Nacional bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, según informaron fuentes jurídicas.
En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos, en las que estarían presuntamente implicados cargos políticos del Ayuntamiento, técnicos y empresarios.
Las fuentes aseguraron que el objeto de la investigación, que comenzó a finales de 2006, “no es nuevo” sino similar a lo que ocurre en otros lugares de la provincia malagueña, como Marbella, pero también en otras zonas de España. Señalaron que habrá que esperar para ver si el alcance es como el del caso 'Malaya', contra la corrupción marbellí.
Agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid, realizan desde esta mañana registros en el Ayuntamiento, donde el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), llegó escoltado por efectivos de la Policía Nacional; en el edificio donde están las áreas de Hacienda y Urbanismo, y en la residencia particular del regidor.
Aparte de los registros, la operación incluye bloqueo de cuentas y requerimientos a bancos y a registros de la propiedad. La Fiscalía Anticorrupción ha dictado una docena de órdenes de arresto dentro de estas diligencias. Los delitos que se podrían imputar inicialmente a los presunto implicados serían tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho.
Fue la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga la que llevaba el caso hasta que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio la competencia a la Fiscalía Anticorrupción por el “número de implicados” y su “trascendencia”.