Tras las últimas informaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo, el Partido Riojano insta al Gobierno de La Rioja y al Gobierno Central a “buscar una solución rápida y eficaz que garantice la seguridad en la N-232”. El presidente de los regionalistas, Rubén Antoñanzas, respeta pero no comparte la decisión del Tribunal Supremo restaurando la circulación de camiones y urge a analizar la sentencia y adoptar medidas consensuadas con el sector“. Para él, ”el problema es la prórroga de la concesión de la AP-68 en tiempos de Aznar y el déficit histórico de infraestructuras de nuestra región“
Por esta razón, Antoñanzas insta al Gobierno Regional y al Gobierno Central a “buscar una solución rápida y eficaz que garantice la seguridad vial en la N-232”. Desde “el respeto absoluto al fallo del Supremo, no puedo compartir el sentido del mismo y considero que es urgente adoptar una decisión que nos impida volver a la dramática situación de accidentabilidad que padecimos”, una vez que se ha constatado un notable descenso en el número de siniestros y por tanto de víctimas.
Con este objetivo, el presidente de los regionalistas considera que es “imprescindible analizar en profundidad la sentencia y que representantes del ejecutivo regional, del Ministerio de Fomento y de la concesionaria de la AP-68 mantengan una reunión con el sector para buscar una salida al conflicto”.
Rubén Antoñanzas ha recordado que el origen del problema “se sitúa en la prórroga de la concesión de la autopista que el PP llevó a cabo en tiempos de Aznar” además de en el “déficit histórico con las infraestructuras de La Rioja que han generado todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno en España”.
“Son ellos los que deben buscar una salida inmediata y eficaz en tanto en cuanto no se libere la AP-68 o se duplique la N-232 en La Rioja Baja, que son medidas en todo caso irrenunciables pero que requerirán de un mayor tiempo de ejecución”. Como ha señalado Antoñanzas, “la seguridad de los conductores requiere una solución ya, una solución que cuente con el apoyo del sector y con la garantía legal para su aplicación”.