El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley con el primer bloque de medidas dirigidas a reformar el sistema público de pensiones, que pasa así al Congreso con el objetivo del Ejecutivo de poder tener en vigor estas medidas antes de fin de año.
Y es que, tal y como ha recordado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
“Una razón de justicia”
“Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre”, ha defendido Rodríguez, que cree que la reforma “recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo” y supone “recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana”.
Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.
Además de la recuperación del IPC como referencia a la hora de subir año a año las pensiones y derogar el factor de sostenibilidad, la reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Entre ellas, un cheque de hasta 12.000 euros o un 4% de pensión adicional de por vida, la eliminación de excepciones en las cláusulas de jubilación forzosas o la mejora y flexibilización de coeficientes reductoras en las jubilaciones anticipadas, tal y como ha dicho la portavoz del Ejecutivo.
Asimismo, se prevé un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsión del Gobierno pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.
Precisamente por esta tramitación parlamentaria ha sido preguntada Isabel Rodríguez, tras las críticas recibidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su presentación de las medidas acordadas. No solamente de PP, Vox y Ciudadanos, sino también de socios parlamentarias del Gobierno, como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu.
Rodríguez ha recordado que el acuerdo de pensiones viene “precedido por el acuerdo del Pacto de Toledo en el que estuvieron la mayoría” de formaciones parlamentarias, pero que además “viene avalado y respaldado por el diálogo social”.
“Creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento”, ha señalado e, incluso, el proyecto de ley, ha dicho, “es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria”. “Espero que se intensifiquen esos trabajos”, ha dicho Rodríguez.