Estos datos se desprenden del proyecto de Ley presentado por el Gobierno central en el Congreso, pero su aprobación depende de la negociación que lleve a cabo el PSOE con los grupos minoritarios para conseguir los siete votos que le faltan para alcanzar la mayoría absoluta.
En esta búsqueda de apoyos, el PNV (con seis escaños) es la opción prioritaria en la que ya está trabajando el grupo socialista. Sólo para sentarse a negociar, los nacionalistas vascos ponen como condición el apoyo del PSOE a una cuestión muy polémica en La Rioja: el llamado “blindaje” de las normas fiscales vascas. Los socialistas, reticentes en el pasado a aprobar medidas en esta línea, parecen dispuestos ahora a apoyar el blindaje, que cuenta con el respaldo unánime del Parlamento Vasco con la única excepción del diputado de UPyD. En primer lugar, conviene aclarar en qué consiste este blindaje.
La propuesta enviada al Congreso por el Parlamento de Vitoria supondría modificar dos leyes orgánicas (la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional) para que las normas fiscales aprobadas por las diputaciones vascas sólo sean recurribles ante el Constitucional y por quienes tienen derecho a acudir a este tribunal. Hasta ahora, como son normas aprobadas por las diputaciones (no por un parlamento autonómico), no tienen rango de ley y podían ser recurridas por cualquiera y ante cualquier tribunal ordinario. Las formaciones políticas vascas defienden el blindaje argumentando que sus normas fiscales deben tener la misma protección legal que las de otros territorios.
El argumento contrario es que las normas fiscales del País Vasco son aprobadas por las diputaciones, no por el parlamento autonómico, y por tanto deben tener la misma protección que las normas de cualquier diputación. Además, los partidos vascos podrían solucionar el problema sin necesidad de trasladarlo al Congreso: convalidando en el Parlamento de Vitoria, como leyes, las normas forales aprobadas en cada provincia. Entonces, ¿por qué tanto interés en llevar a cabo el blindaje mediante la modificación de dos leyes orgánicas? Por defender la autonomía y la relevancia de las diputaciones, una seña histórica del nacionalismo vasco, y porque al PNV le interesa apuntarse la medalla del blindaje gracias a su capacidad de presión en Madrid. La Rioja sería una de las comunidades más perjudicadas por el blindaje de las normas fiscales vascas. El gobierno autonómico, la UGT riojana y la Federación de Empresarios han peleado durante años en los tribunales para que se declararan nulas las vacaciones fiscales aprobadas por las diputaciones vascas durante los años 90. El resultado judicial ha sido positivo, con sentencias contrarias a las vacaciones fiscales por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal de Primera Instancia de la UE.
A finales de los 90, las provincias vascas ya se comprometieron a no volver a utilizar estas prácticas fiscales, pero en caso de que lo hicieran, el blindaje dejaría más inermes a las comunidades limítrofes, con menos posibilidades para defenderse. Si el blindaje se consuma, el Gobierno de La Rioja ya ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional las modificaciones legales que se lleven a cabo para proteger las normas fiscales vascas. El PSOE riojano guarda de momento un silencio que sólo ha roto su líder, Francisco Martínez Aldama, para decir que por ahora no dice nada: “Nos opondremos al blindaje si agravia a los riojanos”.
Es interesante rebuscar en las hemerotecas para recordar qué pasó, por ejemplo, en la renovación del concierto vasco del año 1997. El acuerdo al que llegaron el PP y el PNV supuso un aumento de la autonomía fiscal de las diputaciones vacas, que adquirieron capacidad normativa plena sobre el IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio. Los socialistas se abstuvieron, argumentando que suponía avanzar hacia la desvertebración fiscal de España, “un país demasiado pequeño para que se ponga en duda la igualdad básica de los regímenes fiscales”, en palabras del entonces portavoz de Economía del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray. El riojano Ángel Martínez Sanjuán se abstuvo, en cumplimiento de la postura del partido, pero manifestó públicamente que era partidario del voto en contra. Entonces era el PP el que necesitaba el apoyo parlamentario del PNV, que había apoyado la investidura de Aznar. Ahora las tornas han cambiado y son los socialistas quienes pujan por el apoyo nacionalista.