El Consejo de Administración de Caja Rioja ha aprobado que la entidad avance en sus conversaciones con la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) y con la Caja Insular de Ahorros de Canarias, orientadas a crear un S.I.P. común.
El S.I.P. es un Sistema Institucional de Protección que se basa en la creación de un grupo económico conjunto con la participación exclusiva de las tres Cajas, en el que se integrarían las políticas de riesgos, de gestión financiera y de tesorería, consolidando sus estados contables.
Permite que cada Caja mantenga intacta su personalidad jurídica, su marca comercial e identidad corporativa, su actividad comercial del negocio minorista y la gestión de su obra social.
Este proceso de concentración responde a las recomendaciones que, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Hacienda, están planteando al sector financiero para, en un entorno de deterioro económico como el actual, garantizar sus niveles de solvencia y de liquidez, así como para mejorar su eficiencia y rentabilidad gracias a que, por la vía del apoyo mutuo, se refuerzan estos parámetros.
Desde hace más de 18 años, Caja Rioja comparte, a través de ATCA (Asociación Técnica de Cajas de Ahorros), “su plataforma tecnológica y operativa con la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), con la Caja Insular de Canarias y con la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Esta alianza ha generado excelentes resultados tecnológicos, económicos e institucionales y ha permitido ofrecer un elevado nivel de servicios a clientes, que continuará mejorándose con el nuevo esquema”, indica la entidad en un comunicado.
Las Cajas de Ahorros integradas en ATCA, con la excepción de Caixa Sabadell (inmersa en un proyecto de fusión con otras entidades catalanas), han acordado, de forma privada y con carácter voluntario, profundizar en su actual alianza estratégica y trabajar en la constitución de un Sistema Institucional de Protección.
En coordinación con el Banco de España y con las correspondientes autoridades autonómicas “se trabajará de inmediato en todos los aspectos necesarios (jurídicos, financieros, estructuras societarias, ámbitos de integración, etc.) para desarrollar y establecer este Sistema Institucional de Protección”, concluye.