El Ayuntamiento de Calahorra celebrará pleno ordinario del mes de mayo el próximo lunes 31. Además de las dos modificaciones puntuales y el reglamento de protocolo, el pleno también debatirá y votará otros cuatro asuntos. El principal de los mismos se refiere a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del depósito, custodia y devolución de objetos perdidos y decomisados del Ayuntamiento de Calahorra, dando cumplimiento a las obligaciones legales para el Consistorio.
Se crea una Oficina de Objetos Perdidos y Decomisados (OOPD) adscrita a la Policía Local, que estará encargada de la gestión de los mismos, así como de los bienes muebles decomisados, llevando registro de los mismos y almacenándolos conforme a un procedimiento, que hasta ahora no tenía carácter formal.
Igualmente se da cumplimiento a la necesidad de ajustar la regulación del régimen de depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos y la de los bienes muebles depositados en el almacén municipal dependiente de la Policía Local.
La ordenanza regula el procedimiento de devolución de los objetos perdidos, o en su caso, devolución de los objetos decomisados adecuándolo a la normativa vigente, o, en caso contrario, su destrucción o subasta. Regula también la posible enajenación y cesión gratuita de los bienes depositados a otras administraciones públicas, organismo, instituciones o entidades públicas, o privadas sin ánimo de lucro, en aplicación de lo dispuesto en la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas.
El pleno también debatirá y votará el IV Plan Municipal de Adicciones, aprobado inicialmente en el pleno de febrero y que tras su exposición pública no ha recibido alegaciones.
También será sometida a votación la propuesta para establecer el 3 de marzo y el 31 de agosto como festivos locales para 2022.
Finalmente el pleno desestimará la solicitud presentada por unos particulares para la devolución del importe correspondiente a una parcela adquirida al Ayuntamiento, así como de los avales de garantía. Se trata de un contrato de compraventa de una parcela que era de propiedad municipal y fue vendida por el Ayuntamiento en 2010. Según consta en los informes de los técnicos municipales, no se han cumplido por parte de los compradores las obligaciones recogidas en el contrato de compraventa. No puede ser admitida su reclamación en los términos solicitados al no ajustarse a lo dispuesto en el contrato, por lo que se propone al pleno desestimar su solicitud.