El candidato de Ciudadanos (C's) a la Alcaldía de Logroño, Julián San Martín, ha advertido este miércoles de que han detectado un “agujero sin justificar” de 55 millones en la cuentas de la Sociedad LIF 2002 para la construcción del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, por lo que ha pedido una auditoría “pública” de la entidad.
En una comparecencia en la estación de tren, junto con el candidato 'naranja' a la Presidencia regional, Diego Ubis, San Martín ha apuntado que “de los pocos papeles y documentos que hemos podido revisar, nos faltan 55 millones”.
Ha detallado que, del presupuesto inicial para la obra, 175 millones, “se han gastado 134 en la Fase I, excepto 20 millones para la futura estación de autobuses”. Pero ha apuntado que “de esos 134 millones se ha pasado a los más de 200 que se han pedido de préstamo, sin saber cuál es la razón”.
Con este préstamo refinanciado, “se hipotecan las inversiones de la ciudad durante ocho años”, a lo que ha sumado que “no se va a poder hacer la Fase II”, mientras que ha reseñado que “la estación de autobuses se podría hacer por poco dinero para dársenas y andenes, no gastándose 20 millones”.
“No son buenos políticos cuando solo miran a corto plazo y solo se preocupan de pagar a los bancos. En Ciudadanos estamos por rescatar a las personas”, ha señalado el candidato, quien ha criticado el “desvío de atención” hacia el túnel de Vara de Rey, “con todo esto nos están engañando”.
El candidato ha apuntado, igualmente, la existencia de “licitaciones opacas”. Un cúmulo de circunstancias que suponen “un escándalo a nivel nacional”, del que piensa que se podría denunciar ante la Fiscalía General del Estado, y ante el que ha exigido “una auditoría pública interna de la Sociedad LIF”.
Frente a esta situación, San Martín ha abogado desde su formación por “aumentar los años para pagar el préstamo, de 8 a 16 o hasta incluso 20” y también por pedir ayudas al Plan de Financiación Local, para que el ICO diera dinero a interés 0 para pagar los intereses“.
Se ha referido, además, a los terrenos con cuya venta estaba prevista la financiación de parte del soterramiento, de los que ha dicho que “se tasaron en el año 2009, por 170 millones, pero, ahora mismo, no valen más de 40 millones”, por lo que ha reclamado “una nueva tasación” y el traslado de esa edificabilidad a otro espacio más adecuado en el entorno.