El Consejo de Ministros ha aprobado este martes que el COVID-19 sea considerado como enfermedad profesional en los profesionales sanitarios y sociosanitarios que han contraído el coronavirus en el ejercicio de su profesión.
“Va a permitir en determinadas circunstancias una mayor protección a los sanitarios que han contraído el virus”, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministras el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha añadido que la medida tiene carácter retroactivo y se extiende también a “celadores u otros trabajadores que desempeñan su labor en el ámbito sanitario”, tal y como reclamaban los sindicatos.
Por otra parte, el Decreto aprobado por el Gobierno también regula que los profesionales sanitarios jubilados puedan compatibilizar su pensión con el trabajo profesional durante la pandemia de COVID-19. “Permite que determinados trabajadores jubilados en el ámbito sanitario puedan compatibilizar la actividad activa en la situación extraordinaria del COVID-19 con su situación como pensionistas”, ha esgrimido Escrivá.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido la decisión y recuerda que esta fue una de sus demandas desde el inicio de la pandemia.
Según ha detallado, España sigue siendo el primer país del mundo con más contagios entre el personal de la Sanidad. En la última semana se han infectado otros 5.997 trabajadores/as en todo el país y la cifra de contagios en este colectivo supera los 118.000 desde el inicio de la pandemia.
Desde CSIF consideran que la medida es de justicia para el personal de la Sanidad, que sigue en primera línea contra la pandemia en plena tercera ola, “y esperamos que este reconocimiento como enfermedad profesional se aplique con efectos inmediatos, con carácter retroactivo, de oficio, a todos los contagiados hasta la fecha”.
A la espera de conocer el detalle de la norma, desde CSIF se muestran vigilantes para que esta medida se reconozca al conjunto del personal que trabaja en la Sanidad, incluido personal administrativo, de limpieza, celadores, entre otros.
Además, continúan reivindicando que este reconocimiento se amplíe al conjunto de las personas trabajadoras que por su actividad laboral puedan estar expuestas al virus, tal y como marca el Real Decreto sobre enfermedades profesionales (personal expuesto a agentes biológicos), como trabajadores/as de laboratorios, clínicas dentales, personal sociosanitario, ambulancias o centros penitenciarios.
Por su parte, el Sindicato de Enfermería SATSE ha subrayado que el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario “supone un avance justo y merecido que ofrecerá mayores garantías y tranquilidad a unos profesionales que se están enfrentando todos los días a la pandemia con el consiguiente grave riesgo para su salud y seguridad”.
A falta de un estudio más detallado del Decreto que así lo estipula, SATSE valora positivamente “que el Gobierno haya sido sensible a una reivindicación que la organización sindical viene realizando desde el inicio de la pandemia, una vez constatadas las graves consecuencias que tenía para la salud de los profesionales sanitarios”.
“Después de que se reconociesen las bajas a consecuencia del COVID-19 como accidente laboral, el paso lógico y necesario era que se considerase enfermedad profesional para que resulte posible acceder a determinados beneficios, como el de un incremento en la prestación económica percibida correspondiente al periodo de baja, así como recibir una mayor protección en caso de posibles recaídas y/o secuelas a consecuencia de haber padecido la enfermedad, entre otras cuestiones, y todo ello sin límite temporal, es decir, de por vida”, apuntan desde la organización sindical.
SATSE recuerda que más de 118.000 profesionales sanitarios se han contagiado hasta la fecha con esta grave enfermedad en nuestro país y más de un centenar han fallecido. Del total de contagiados, el sindicato estima que en torno al 60 por ciento son enfermeras y enfermeros dado su mayor contacto y cercanía con los pacientes.
“El conjunto del personal sanitario está pagando un precio muy alto por estar en primera línea luchando contra la pandemia y es de justicia que el Gobierno y el resto de administraciones sanitarias competentes velen por su seguridad durante su ejercicio profesional y, de igual manera, si lamentablemente resulta contagiado a consecuencia de su trabajo”, añade.
Por último, la organización sindical reitera que, “aunque podía haberse producido este reconocimiento con anterioridad”, la aprobación en Consejo de Ministros del decreto sobre la consideración del COVID-19 como enfermedad profesional “supone un claro reconocimiento al esfuerzo, dedicación y entrega de los profesionales sanitarios que ponen por delante de su salud y seguridad personal la atención y cuidados que requieren sus pacientes y el conjunto de la ciudadanía”.