Hay mujeres que no pueden ser madres y no precisamente por causas naturales o por decisión propia. Muy a su pesar, alguien ha elegido por ellas. Son mujeres con discapacidad, sometidas a esterilizaciones forzosas después de tener un primer hijo o tras haber sufrido una violación. El CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad) exige que se acabe con esta práctica legal, aplicada a más de 1.000 mujeres y niñas con discapacidad en España desde 2005.
Solo en 2016, 140 mujeres han sido esterilizadas
El secretario del CERMI-La Rioja, Javier Muñoz, lamenta que todavía se lleven a cabo este tipo de acciones, que considera “una manifestación cruenta de violencia contra las personas”. De hecho, la esterilización forzosa vulnera los derechos de las personas con discapacidad contemplados en la convención de la ONU aprobada en Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en el año 2007.
Lo cierto es que tener una discapacidad física o mental es motivo suficiente para someter a algunas mujeres a esta práctica. En ocasiones, se realiza después de una violación o un abuso. También tras la primera menstruación, cuando la adolescente empieza a relacionarse, después de tener un primer hijo o como requisito previo para internarse en un centro.
Todo esto responde al mito de que las mujeres con discapacidad no pueden ser buenas madres o no van a estar bien para ejercer como tales. A veces también lo decide la propia familia, que quiere proteger a su hija y se deja asesorar por su entorno educativo o sanitario.
Falta de información y de consentimiento
Es sabido que esta medida se practica hoy en día, pero no existe demasiada información y, si la hay, no es información detallada. No se sabe la edad o sexo de las personas afectadas ni el sentido en el que se resolvió cada caso. “Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos para realizar un análisis en profundidad sobre el asunto grave que nos ocupa es el desconocimiento real y la falta de trasparencia”, lamenta Muñoz.
Y lo que es más grave, muchas de esas esterilizaciones se realizan sin la voluntad expresa de la persona, que “no es consciente ni le explican a que proceso se va a someter manifestándose en una coacción legal, coerción, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental”.
Sería necesario, para Muñoz, concienciar e involucrar a los profesionales sanitarios para evitar esta mala praxis, ya que “algunos de estos recomiendan llevar a cabo las esterilizaciones, por lo que son parte de esa vulneración de derechos”.
Y, sobre todo, “es importante y prioritario apoyar a las personas con discapacidad en la toma de sus propias decisiones”. Cita como ejemplo Suecia, donde está penalizada esta práctica y se está indemnizando a mujeres que han sido esterilizadas sin su consentimiento.
Desde el CERMI ni apoyan ni están en contra de esa práctica, pero lo que tienen claro es que, ante todo, debe ser una decisión propia de la persona y no impuesta. Ninguna persona debería decidir por otra si puede o no tener hijos.