El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez fue detenido esta mañana por orden del juez Luis Charles por la causa que investiga el traslado clandestino de detenidos durante su régimen militar, según confirmó a la emisora 'El Espectador' la fiscal del caso, Mirtha Guianze.
Álvarez ya ha sido trasladado desde su domicilio hasta la sede de Interpol, desde donde será conducido a los juzgados, donde quedará a disposición del magistrado por el delito “desaparición forzada”. La fiscal del caso también ha solicitado el procesamiento de los ex marines Jorge Troccoli y Juan Carlos Larcebau.
Concretamente, la fiscal acusa al ex dictador, de 82 años, y a los dos ex oficiales de la Armada uruguaya de “delitos de desaparición forzada” de unos 30 ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina y trasladados de forma clandestina a su país en 1978 como parte de la denominada 'Operación Cóndor', nombre con el que era conocido el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur de América en los años setenta y ochenta.
La responsabilidad de Álvarez se basa en su calidad de alto mando militar, ya que en 1978 fue investido como comandante en jefe del Ejército y en 1981 fue nombrado mandatario “de facto” de Uruguay, país que presidió hasta 1985.
La circular número 7777, firmada por Álvarez en julio de 1978, es una de las pruebas esgrimidas en su contra, dado que en ella asume la responsabilidad por las presuntas violaciones de Derechos Humanos que se pudieran cometer en la lucha contra los grupos opositores. El delito del que se acusa a Álvarez y a los otros dos ex oficiales es castigado con una pena de hasta 25 años de cárcel. Sin embargo, el ex dictador niega haber tenido cualquier responsabilidad en los traslados de uruguayos desde Argentina y en su posterior desaparición.
Poco antes de conocerse el procesamiento de Álvarez, el Centro Militar, el Círculo Militar y el de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas emitieron una declaración en la que cuestionan la interpretación de la Ley de Caducidad, por la que se perdonó a los militares de los actos cometidos durante la dictadura.