La lucha entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parece estar lejos de finalizar. Un hipotético diálogo entre las dos partes tendría condiciones, la primera de ellas ha sido puesta el presidente del país, quien ha asegurado que la única posibilidad de diálogo con las FARC pasa por el cese de los “actos terroristas”.
Además, Santos advirtió de que las operaciones militares contra la guerrilla seguirán pese a las amenazas recibidas.
Así respondía el mandatario colombiano a dos comunicados publicados horas antes y en los que las FARC expresaban su voluntad de buscar una salida pacífica al conflicto armado
, pero en los que advertían también de que habrá “actos de guerra” si el Ejército continúa realizando ataques contra sus campamentos.
“Tienen que dejar de hacer terrorismo si quieren algún diálogo. Si no dejan de hacer terrorismo, nosotros seguiremos aplicando toda la presión militar, como lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo”, señaló Santos desde Nueva York, donde participa en la Cumbre sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), informó la Presidencia de Colombia en un comunicado.
El pasado domingo, el Ejército colombiano efectuó un bombardeo cerca de la frontera con Ecuador en el que murieron al menos 25 rebeldes, entre ellos el conocido como Domingo Biojó, miembro del Estado Mayor de las FARC.
El ataque forma parte de la respuesta del gobierno de Santos a la serie de ataques lanzados desde finales de agosto por las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los murieron más de 40 militares y policías.
Condena de la ONU
Por otro lado, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado el asesinato del dirigente campesino Hernando Pérez, en el Urabá Antioqueño.
Pérez encabezaba el proceso de restitución de tierras usurpadas por grupos armados ilegales a 25 familias en la localidad de La Ceibita.
“Este asesinato no es un hecho aislado”, declaró la oficina en un comunicado, y agregó que “forma parte de patrón de homicidios, atentados y amenazas de muerte contra líderes y familias que participan en procesos similares”.
La Oficina de la ONU confió en que el hecho sea investigado de manera apropiada y que los responsables sean juzgados y sancionados.
Por otra parte, instó al gobierno de Santos a adoptar medidas para proteger a todas las personas involucradas en la restitución de tierras.