La crisis que desde el pasado 28 de noviembre vive Costa de Marfil sigue sin encontrar una salida pacífica. Los esfuerzos y la paciencia de la comunidad internacional parecen agotarse ante la actitud del que fuera presidente del país, Laurent Gbagbo, quien se niega a abandonar el poder pese haber perdido las elecciones frente a Alassane Ouattara.
Ante esta situación que ha generado enfrentamientos violentos y varios muertos en territorio marfileño, Naciones Unidas ha decidido poner en marcha su maquinaría para actuar al respecto. Así, su Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad el envío de 2.000 efectivos militares adicionales a la Misión de la ONU en Costa de Marfil (ONUCI).
En la misma resolución, el organismo también autorizó el despliegue de 60 policías más para reforzar las tareas de control de manifestantes desarmados, señaló el portavoz del secretario general, Martin Nesirky.
“También quiero destacar que la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones [OIM] han lanzado un llamamiento humanitario por 55 millones de dólares para asistir a los refugiados y retornados que huyen de Costa de Marfil hacia Liberia”, señaló Nesirky.
Por su parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estimó que hasta el momento unas 30.000 personas han abandonado el país debido a la violencia y que la gran mayoría se dirigió a Liberia, donde llegan unas 600 personas por día, lo que implica una fuerte presión para los recursos de las comunidades locales.
Pero Naciones Unidas no es la única organización que decidido actuar frente a la crisis marfileña. La Unión Africana (UA) ha designado a un mediador, el primer ministro keniano, Raila Odinga, para dialogar con ambas partes y conseguir que Gbagbo abandone el poder. Sin embargo, su tarea parece no haber dado los frutos deseados.
Así, según ha reconocido el propio Odinga, las conversaciones para superar la actual coyuntura han fallado y ha culpado del fracaso a Gbagbo, al que ha advertido de que afrontará fuertes sanciones si no deja el poder y “posiblemente” una operación militar para desbancarle.
“A no ser que ellos [los partidarios de Gbagbo] presten atención y estén de acuerdo con crear un entorno propicio para un diálogo pacífico, los amigos de Costa de Marfil podrían verse forzados a tomar otras medidas... que implicarían duras sanciones económicas y financieras y, posiblemente, el uso de la fuerza”, ha dicho Odinga ante la prensa en el aeropuerto de Abiyán, poco antes de salir del país.
El primer ministro de Kenia ha reconocido la ruptura de las conversaciones y ha incidido en que “el tiempo se está agotando”, en referencia a los esfuerzos para resolver de forma pacífica la confrontación entre los dos rivales políticos.
La declaración de Odinga es la advertencia más rotunda pronunciada por un mediador en Costa de Marfil. El primer ministro keniano ha culpado explícitamente a Gbagbo por la ruptura de las negociaciones y ha asegurado que no ha hecho nada para poner fin al bloqueo militar del hotel en el que está refugiado Ouattara protegido por militares de Naciones Unidas.
“Gbagbo me garantizó que el bloqueo sería retirado ayer pero rompió su promesa, por segunda vez en dos semanas”, ha señalado, a modo de justificación de su decisión de acortar su estancia en el país africano.
Un asesor de Gbagbo ha rechazado comentar las declaraciones de Odinga argumentando que aún no había sido informado sobre las mismas. En caso de que las negociaciones para superar la crisis fallen, no está claro si se tomarán sanciones más severas o se pondrá en marcha una operación militar para desbancar a Gbagbo.
Odinga ha señalado que el uso de la fuerza será “el último recurso”, como había advertido con anterioridad la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, si bien han surgido dudas sobre la viabilidad de un plan militar para desalojar al presidente saliente y los países africanos parecen divididos ante esta opción.