El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), ha elaborado un manifiesto por un acceso efectivo a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
En este sentido, el CERMI, que reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación , considera que España “tendrá que adoptar medidas para garantizarles el pleno ejercicio y goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por ello, el CERMI expresa su denuncia a una mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad a ser víctimas de abusos y violencia, “incluso por parte de aquellas personas de quienes dependen para su atención, apoyos y, en su caso, cuidados”.
Así, la plataforma de la discapacidad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, demanda, por una parte, el reconocimiento de la discriminación institucional “como una forma de violencia que surge de la invisibilidad, de las concepciones erróneas y de la falta de reconocimiento de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad en las estadísticas que se recogen, en la legislación y en la práctica judicial”.
También pide estudiar y dar a conocer la situación de las niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género (mayor índice de crímenes violentos y sexuales, violencia machista, abortos coercitivos, esterilizaciones forzadas, trata de mujeres…); así como la atención directa a este colectivo sobre sus derechos fundamentales y procesos para demandarlos, a través del trabajo de los servicios sociales y las organizaciones de mujeres y de la discapacidad.
Además, solicita el desarrollo de programas de información, capacitación y sensibilización sobre sus derechos y libertades fundamentales, así como de sus oportunidades para acceder a la justicia.
Otra de las demandas del CERMI es la revisión de la legislación penal sustantiva y procesal para que resulte posible detectar las situaciones de violencia contra la mujer en las que la discapacidad haya constituido un factor relevante de la agresión, al mismo tiempo que pide castigar “más duramente” estas conductas por la mayor vulnerabilidad de las víctimas.
Por otra parte, insta a la formación integral en materia de género y discapacidad para todas las personas que trabajan en la Administración de Justicia, “dirigida a desmantelar la errónea imagen social que se tiene de la mujer con discapacidad, poniendo en valor el nuevo paradigma centrado en su imagen positiva como sujeto de derechos y enfatizando en primer término su condición de mujer”.
Por último, el CERMI quiere la abolición de los sistemas que sustituyen la toma de decisiones, como la incapacitación y el nombramiento de tutores y representantes legales, que, “mayoritariamente”, según explica el Comité en su manifiesto, “impiden el verdadero disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad, estableciendo, por el contrario, sistemas de apoyo en la toma de decisiones que tengan en cuenta las circunstancias individuales de tales personas que, antes que nada, son mujeres”