Catedráticos de Derecho Internacional y de Psicología, profesionales, familias, personas extuteladas, ciudadanos de las más diversas procedencias y cualificaciones reclaman un compromiso firme para poner fin a la institucionalización de los muchos niños y niñas separados de su familia por razones de protección, que pasan su infancia y adolescencia en instituciones. “Una anomalía a la que no se pone solución en medio de inaceptables excusas”.
Casi todos los niños y las niñas encuentran en su familia la protección, el afecto y la estimulación que necesitan y a que tienen derecho. Lamentablemente, existen también niños y niñas para los que su familia no es fuente de protección, sino de riesgo e incluso de maltrato, explica la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR).
Cuando eso ocurre, “los poderes públicos tienen la obligación de proteger y nuestra legislación establece nítidamente que cuando un menor ha de salir de su familia, la alternativa prioritaria debe ser otra familia, en acogida o en adopción, según el caso. Por desgracia, las administraciones incumplen la ley y miles de niños y niñas ingresan en centros con corta edad y luego permanecen institucionalizados durante años, si no hasta su mayoría de edad”.
“El riesgo vivido en la familia es sustituido por los riesgos inherentes a los cuidados colectivos, riesgos que son tantos como bien documentados, afectando al desarrollo emocional y la salud mental, al rendimiento escolar y la integración social futura. Las instituciones no causan esos problemas, pero no sirven para resolverlos y con frecuencia contribuyen a agravarlos. Pero, siendo la opción menos recomendable, la institucionalización es la alternativa más fácil de gestionar, por lo que se convierte en una alternativa tan utilizada”, lamentan.
Se da además la paradoja de que, siendo la opción de protección menos deseable, la institucionalización es además la más cara, explican. Si el coste por menor y mes se sitúa entre los 3.000 y los 8.000 euros, el coste en acogimiento familiar no supone ni el 10%, siendo cero en adopción. “No hay que proteger en familia porque sea más barato, pero no se puede poner la excusa del coste para no hacerlo”.
Consideran que otro gran pretexto es la falta de familias disponibles para acoger, cuando “lo que realmente faltan son recursos para atender a las que se ofrecen, además de campañas sistemáticas y eficaces para promoverlas, primero, y medios para hacer luego su experiencia satisfactoria y atractiva. En un país tan solidario como España no pueden faltar familias, como se demuestra con la acogida de menores que de otros países vienen a familias españolas en temporada de verano”.
En realidad, explican, “lo que falta es compromiso y lo que sobra son excusas para una firme política de desinstitucionalización de nuestra infancia, política que es obligación y responsabilidad de las administraciones y, en parte de ONG, asociaciones, profesionales, familias... en definitiva, de la sociedad civil que no decimos ¡basta ya! ante esta urgencia social”.
“Desde esta realidad todos los implicados en la infancia ¿nos convertimos en Herodes? Estamos permitiendo que se trunquen las expectativas de vida de los niños y niñas institucionalizados. En definitiva, estamos comprometiendo gravemente el futuro de vida de estos niños y niñas, hoy nuestros Santos Inocentes. Los conocedores de esta dramática situación nos sentimos copartícipes de este maltrato por conocerlo y no denunciarlo”.
Desde la fuerza que nos les más de 23.000 niños y niñas institucionalizados, catedráticos de Derecho y Psicología, familias, profesionales, personas ex-tuteladas, ciudadanos de las más diversas procedencias y cualificaciones reclaman a toda la sociedad y a todos y cada uno de los implicados: administraciones de cualquier color, ONG, asociaciones, profesionales… que terminen “con esta barbarie que parece no quitarle el sueño a nadie”.