“Es una medida razonable porque no impide a la menor acudir a los padres en demanda de consejo o ayuda pero evita que éstos puedan imponerles una determinada decisión”, explica el informe. No obstante, puntualiza que en caso de “grave riesgo” para la vida de la joven, habría que informar “obligatoriamente” a sus padres.
En total, el informe ha sido respaldado por once de los doce científicos que componen el Comité, conforme explicó el miembro discrepante, el catedrático César Nombela, para quien el texto es “contradictorio” porque si bien reconoce que la vida empieza en la fecundación, también ampara la posibilidad de “acabar con ella de manera voluntaria” durante las primeras 14 semanas de gestación.
Los científicos entienden que no puede primar el derecho de la madre sobre el feto ni viceversa, y abogan por un sistema de “ponderación” como el establecido en la propuesta de reforma mediante el sistema de plazos. En este sentido, el Comité considera que “no aparece como un sistema desprovisto de fundamento en relación con los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, incluido el bien de la vida humana prenatal”.
Además, el informe asegura que “el Estado no puede imponer la prevalencia del valor de la vida prohibiendo el aborto si con ello desprotege a la mujer que se encuentra ante la necesidad de interrumpir un embarazo” y considera que esta regulación “respeta la libertad de la mujer y no obliga a nadie a abortar”.
“La opción por la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo es la que conviene a un Estado laico y neutral frente a las discrepancias derivadas de las distintas creencia de los ciudadanos”, explica el informe del Comité de Bioética de España.
El informe, elaborado “con el ánimo de contribuir a la reflexión”, parte de la consideración de que la despenalización del aborto de 1985 “no ha tenido una andadura satisfactoria, porque en la aplicación de la misma han concurrido una serie de deficiencias causadas en gran medida, por la interpretación extralimitada de uno de los supuestos despenalizados, el grave peligro para la salud psíquica de la madre”.
Además, los científicos entienden que “la represión penal del aborto no ha evitado su práctica a lo largo de los años, en cambio ha podido convertirla en un procedimiento de alto riesgo para la vida y la salud de la mujer”, por lo que el cambio de la ley actual a la que persigue el Gobiero es un “salto cualitativo”.
El Comité de Bioética de España fue creado en diciembre de 2007 a petición del entonces ministro de Sanidad y Consumo Bernat Soria, aunque su constitución oficial data de octubre de 2008, cuando el organismo pasó a formar parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además de estudiar cuestiones como los problemas éticos que se deriven de la práctica médica, el Comité puede elaborar informes a petición de instituciones y administraciones públicas.