El Defensor del Pueblo ha comunicado a la Consejería de Servicios Sociales, tras recibir el informe pertinente, que “se deduce que se han aceptado y puesto en práctica las Recomendaciones planteadas por esta institución en relación a la atención a los mayores en centros residenciales e información a sus familiares durante el estado de alarma provocado por el COVID-19”.
De esta forma, prosigue la respuesta del Defensor del Pueblo, “se dan por finalizadas estas actuaciones, cuyo resultado quedará debidamente especificado en el próximo informe a las Cortes Generales”.
El 23 de abril de 2020, el Defensor del Pueblo emitió una recomendación a la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía “de oficio y como consecuencia de la presentación de quejas, de carácter individual o colectivo”.
Esta institución, prosigue el escrito, “ante las quejas recibidas, resolvió iniciar actuaciones generales a las consejerías de sanidad y políticas sociales de las comunidades autónomas para conocer la respuesta en cada territorio a esta emergencia sanitaria y determinar los aspectos de mejora que permitan fortalecer la adopción de medidas coordinadas ante nuevas amenazas epidémicas”.
En concreto, el Defensor del Pueblo recomendó “la provisión en los centros residenciales de la debida asistencia sanitaria a los enfermos por COVID-19 sin indicación de hospitalización con el fin de obtener el adecuado soporte médico y de enfermería”.
Asimismo, esta institución sugirió a la Consejería de Ana Santos, “suplir las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores así como adoptar las medidas precisas para garantizar la información continua, al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud y en caso de traslado dentro del centro o de derivación a otro centro residencial u hospitalario”.
El Defensor del Pueblo también aconsejó “mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general de la residencia en cuanto a usuarios afectados por el COVID-19 y permitir que los mayores no contagiados que viven en una residencia pudieran, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante la crisis del coronavirus”.
La última de las recomendaciones invitaba a “adoptar protocolos que permitieran facilitar la despedida al menos a un miembro de la familia, con el fin de tener un proceso de muerte lo más humanizado y digno posible cumpliendo con los requisitos de salud pública”.
La Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía elaboró un informe relatando cuáles habían sido las actuaciones durante estos últimos meses, informe, de cuyo contenido, manifiesta el Defensor del Pueblo, “se deduce que se han aceptado y puesto en práctica las recomendaciones planteadas por esta institución”.