Tras la detención de una docena de implicados en la 'Operación Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, la Guardia Civil ha comenzados los registros en las casas de los arrestados, entre los que se encuentra el alcalde del municipio, José Manuel Martín y sus dos hijas. Precisamente, en casa del primer edil de Alcaucín, la Benemérita ha encontrado 160.000 euros debajo de un colchón en la casa de Martín. El regidor continúa con los otros once arrestados en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial. Mientras, las investigaciones continúan y las fuerzas de seguridad no descartan nuevos arrestos.
El inmueble fue inspeccionado durante varias horas este domingo por la Unidad Central Operativa (UCO), y del Seprona de la Guardia Civil, que hallaron un total de 160.000 euros que el alcalde de la localidad malagueña escondía bajo un colchó de una de las camas de la vivienda. Informado sobre este hallazgo, explicó el diario 'Sur', el detenido aseguró que se trata de “los ahorros de toda una vida”.
Pero no fue la única cantidad encontrada. En total, los agentes se incautaron de más de 250.000 euros entre los 11 registros realizados en la operación. Aparte de la suma hallada en casa del regidor, los investigadores intervinieron más de 60.000 euros en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor con una supuesta vinculación a esta trama.
La Guardia Civil espera que no sean los últimos registros, que comenzaron a las 8.00 horas del pasado viernes, ya que se cree que habrá nuevas detenciones de supuestos implicados en la 'Operación Arcos'. De este modo, mientras la docena de arrestados continúan detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, continúan las investigaciones sobre este caso de corrupción urbanística.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Según explicaron los agentes, para llegar hasta esta trama siguieron la pista de construcciones realizadas en suelo no urbanizable en la provincia de Málaga. Así, descubrieron que los supuestos miembros de esta trama, legalizaban los pagos que realizaban a cargos públicos emitiendo informes y certificados falsos, expedidos por arquitectos titulados, a través de los que alteraban las inscripciones catastrales y registrales de las fincas. De este modo, los acusados participaban en promociones, construían urbanizaciones y viviendas aisladas en suelo no urbanizable para venderlas, principalmente, a ciudadanos extranjeros.
A los detenidos se les acusa de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y estafa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.