El ex-alcalde de Casalarreina Buenaventura Gómez Castrillo será juzgado, a partir del próximo martes, como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, ante el que el Fiscal le pide una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.
Buenaventura Gómez Castrillo fue alcalde de Casalarreina entre 1987 y 1995 por el Partido Popular y, posteriormente, concejal del Partido Riojano. Según relata el escrito de acusación, los hechos que ahora se le imputan ocurrieron en su etapa de primer edil.
“En tal condición”, indica, “a sabiendas de que en el Ayuntamiento no se llevaba la contabilidad en los libros legalmente obligados, procedió a crear una caja con dinero en efectivo a su total disposición”. Ésta, añade, “se guardaba en su despacho en el Ayuntamiento”. El alcalde, asegura el Fiscal, confeccionó hojas sueltas, sin sellar ni firmar, hechas a mano y, en buena parte, con anotaciones hechas a lapicero, que “él mismo rellenaba para justificar las dietas y desplazamientos que realizaba”.
En estas dietas incluye gastos de comida, teléfono, coche, aparcamiento, “e incluso gastos relativos a su esposa”. “Dicha caja con dinero en efectivo estaba fuera del control del tesorero del Ayuntamiento y no era sometida a fiscalización del Pleno”, añade el Fiscal en su escrito de acusación.
En relación a las dietas de desplazamiento, la acusación pública explica que cobraba a razón de 35 pesetas por kilómetros, cuando, según la legislación vigente, la dieta debería ser de 22 por kilómetro. Añade que no justificaba los viajes, ni las facturas.
Así, concreta, de 1990 a 1995, el acusado “percibió a cargo de fondos públicos de la Corporación” más de 13.000 euros, de los que una parte fueron a través de mandamientos de pago presupuestados y el resto, más de 10.000 euros, mediante disposiciones de caja en efectivo.
“La falta de aplicación de los límites legales por dietas de alojamiento y manutención, kilometraje excesivo, y comisiones por servicios no acreditados”, afirma el Fiscal, dieron lugar a que el acusado “cobrara” con cargo a los fondos públicos casi 6.000 euros.
El escrito de acusación recuerda que el Tribunal de Cuentas, en sentencia con fecha de 16 de septiembre de 2002, fijó como cantidades “cobradas indebidamente” por dietas, gastos de locomoción y otros desplazamientos, casi 1.500 euros, más otros 534,22 por intereses legales, y declaró como único responsable al acusado en su condición de alcalde.
Además, entre 1991 y 1994, según el Fiscal, destinó subvenciones procedentes del Estado y el Gobierno de La Rioja a finalidades “distintas” a las que fueron concedidas.
Así, relata distintos desvíos de dinero: de casi 6.000 euros del dinero procedente del Ministerio de Hacienda entre 1991 y 1994; de 84.000 euros por cuatro obras presupuestadas por el Estado y la Comunidad de 1991 a 1994; y de 87.804,26 de euros que entre 1992 y 1993 no se aplicaron, procedentes de Planes Regionales.
En los años 1992, 1993 y 1994, siguiendo el escrito de acusación, no se aplicaron a las obras de acondicionamiento del edificio para residencia de personas mayores subvenciones de hasta 9.000 euros. Por último, en el año 1994, dejaron de aplicarse casi 4.000 euros de lo presupuestado para la adecuación y equipamiento del Salón de Actos Múltiples.
El Ministerio Público reclama al acusado, además de cuatro años y seis meses de cárcel, que devuelva al Ayuntamiento de Casalarreina las cantidades que se determinen en el juicio. También pide la inhabilitación para cargo público en el plazo de ocho años.