El Gobierno de La Rioja estudia la posibilidad de suspender las infracciones detectadas hasta el momento en el marco de la Ley autonómica de Protección Animal -un total de 1.862- tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Ejecutivo regional contra esta norma, aprobada por el Parlamento riojano el pasado noviembre.
La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha mostrado este viernes “su satisfacción” por esta decisión que “reconoce la legitimidad del Gobierno de La Rioja para proteger a los ayuntamientos, a los veterinarios y a los propios propietarios de animales frente a una ley que invade competencias estatales y es bastante lesiva”.
“Pese a que el PSOE de La Rioja había asegurado que el Gobierno de Ceniceros no estaba facultado ni capacitado para interponer este recurso, el Tribunal Constitucional lo ha acreditado”, ha afirmado la portavoz.
En este sentido, ha expresado su deseo de que “el próximo Gobierno defienda como éste los intereses de los riojanos y sectores como los de la ganadería, la caza o el transporte, afectados negativamente por la ley”.
Begoña Martínez Arregui ha detallado que desde la entrada en vigor de esta Ley se han detectado 1.862 incumplimientos. De estos, 747 relativos a que no se ha presentado el certificado de la muerte del animal, “una falta considerada leve, con sanción entre 100 y 500 euros”, y 1.115, a la no esterilización, falta considerada “grave, con sanción entre 501 y 5.000 euros”.
De este modo, la portavoz del Ejecutivo riojano ha afirmado que “el Gobierno regional está estudiando estas infracciones y la posibilidad de suspenderlas, en base a la admisión a trámite del recurso de una ley injusta”.