La voz de alarma la dio del Partido Riojano en el mes de mayo cuando alertó de que la Unión Europea había reclamado al Gobierno de La Rioja la devolución de hasta 5 millones de euros (calculan los regionalistas) de los fondos destinados a los cursos de formación por haber detectado irregularidades y negligencias en la gestión de los mismos durante los años 2008-2009.
Un mes después, junio de este año, los diputados regionales solicitaron información en el Parlamento regional a través de una veintena de preguntas. Los regionalistas querían conocer los expedientes y la relación de entidades a las que el Gobierno de La Rioja está reclamando las cantidades económicas por la realización de los cursos de formación así como el número de empresas, y ayuntamientos entre los que citó al de “Calahorra, Arnedo, Cervera de Río Alhama y el Valle de Ocón”. En total, el diputado del PR+ calcula que “hay 1.016 expedientes” que deben ser revisados en busca de “irregularidades”.
Y pese a que el reglamento del Parlamento riojano obliga a responder en un plazo de 30 días, la información ha llegado a la sede del PR+ “cuatro meses más tarde”. Y aún así, aclaró, “nos siguen negando la información a la que tenemos derecho”. El Parlamento regional, censura Gil Trincado, vuelve a ocultar información con el beneplácito de su presidente, José Ignacio Ceniceros, “que actúa más de secretario de Organziación del PP que de presidente del Parlamento”. Por ejemplo, dice, a la pregunta “¿cuál es el número de empresas a las que el Gobierno de La Rioja ha exigido la devolución del dinero concedido para cursos de formación? La respuesta que nos dan no puede ser más ambigua: ”Todas aquellas en las que, habiendo percibido algún anticipo conforme a la Ley General de Subvenciones, exista diferencia entre la cantidad inicialmente concedida y la definitivamente justificada por cualquiera de las causas previstas en la Ley“. ”Nos quieren tomar el pelo“, asevera Gil Trincado.
Para el regionalista estamos ante un “escándalo mayúsculo que el Gobierno regional quiere ocultar” y que ha obligado a muchas empresas a “echar el cierre” y a otras muchas a tener que superar una situción complicada con “reclamaciones judiciales”. “La cantidad media que las empresas tendrían que devolver ronda los 30.000 euros, importe que, en algunos casos, apunta Gil Trincado, puede ascender a 100.000 euros”.