El Gobierno riojano ha expresado su conformidad con la solicitud conjunta que presentarán los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para que el Tribunal de Cuentas (TC) lleve a cabo en 2019 una fiscalización íntegra sobre el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo que permitirá dar cumplimiento a uno de los puntos recogidos en el Acuerdo de Investidura firmado en 2015 entre ambas formaciones políticas.
Con esta iniciativa, se busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad y mejorar la eficacia de las políticas públicas, objetivos con los que viene trabajando esta legislatura el Ejecutivo riojano.
La petición, que se formulará al TC desde la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, comprende la necesidad de realizar un análisis y evaluación de las políticas públicas para conocer la eficacia y el coste de los programas de gasto público durante los ejercicios 2013, 2014, y 2016.
Este nuevo informe complementará a los que realiza anualmente el Tribunal de Cuentas, que vienen avalando la gestión económico-financiera de la Comunidad de La Rioja, y deberá analizar el gasto por la prestación de los servicios sanitarios con medios ajenos a través de conciertos con entidades privadas; el gasto en educación pública no universitaria y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, además de una fiscalización individual integral de la ADER.