La vicesecretaria de participación del Partido Popular de La Rioja, Penélope Ramírez, ha exigido a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, “que ponga orden de una vez por todas en Educación” y acabe con el “caos” generado por un Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 “que ha provocado el rechazo unánime de toda la comunidad educativa”.
“Tras 20 comunicados remitidos a los centros educativos desde el inicio de la pandemia y cinco borradores de un Plan de Contingencia general para centros educativos, la Consejería de Educación de Luis Cacho ha conseguido por primera vez el consenso unánime de toda la comunidad educativa: el Plan es un absoluto despropósito”, ha añadido.
Penélope Ramírez ha realizado estas afirmaciones hoy, día 30, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión de Educación de esta formación política que analizó en detalle el controvertido Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 presentado por el Consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho. “La comunidad educativa, los riojanos y riojanas no nos merecemos ni este trato, ni este consejero”, ha resaltado.
“Este Plan ha logrado soliviantar a toda la comunidad educativa y que, de una forma u otra, directa o indirectamente, afecta a gran parte de los riojanos y riojanas. Los equipos directivos están agotados, como los docentes en general, y como única solución lo que se propone desde el Gobierno Regional es callarlos actualizando económicamente sus complementos. Los alumnos y sus familias están a expensas de un Gobierno de La Rioja que además de retrasar unilateralmente los trámites necesarios para este Plan, ha cambiado el inicio del curso del 7 al 15 de septiembre con todo lo que ello lo que ello supone a efectos laborales y de una conciliación a la que toda la comunidad educativa tiene derecho. Desorganización, desconocimiento del sistema educativo, irresponsabilidad, imposición y globos sonda son los denominadores comunes en la actuación de la Consejería que dirige Luis Cacho”.
Penélope Ramírez ha lamentado que el Plan, “una vez más, vuelve a dar la espalda a lo que ha sido la realidad de los docentes durante la pandemia en la que los centros, tanto de la red pública como concertada, se han tenido que organizar comunicado tras comunicado, documento tras documento, de la mejor manera que han podido sin apenas recursos y sin indicaciones concretas que respaldaran sus decisiones. Inercia que no ha cambiado con el Plan de Contingencia, sobrecargando a los equipos directivos con una serie de requerimientos a presentar hoy, 30 de julio. La ineficacia en la gestión es, hasta el día de hoy, directamente proporcional al número de documentos emitidos por la Consejería”.
El plan presenta una serie de carencias y afirmaciones que lo hacen inaceptable, por ejemplo en materia tecnológica no ofrecer respuestas a las múltiples interrogantes que provoca la vuelta a las clases en ámbitos como los equipamientos necesarios o la formación. Del mismo modo, ha alertado de que tampoco se establece quién tiene que hacerse cargo de los equipos de protección y material sanitario necesario para que los centros sean un entorno seguro. “A día de hoy tampoco sabemos si, de suministrar estos recursos por parte de la Administración, el reparto será equitativo respecto al número de docentes y alumnado. Nada se especifica sobre una cosa ni otra y deja en el aire una cuestión sanitaria de primer orden que afecta a todo tipo de centros, públicos y concertados”, ha señalado.
Del mismo modo, ha reprochado a la Consejería que pese a marcar los ratios “traslada la responsabilidad a los equipos directivos de que sean ellos, por todos los medios de reorganización posibles, quienes distribuyan el número de alumnos por aula, sin posibilidad de contratar interinos en diversos etapas y edades y con una contratación a minimizar y sin garantizar en otros. Por mucho que se reitere sobre la contratación por parte de la Consejería, lo anterior, es lo recogido en el texto. Si reducir grupos es minimizar riesgo sanitario, lo lógico, además de una contratación asegurada de interinos, sería ayudar en todas las etapas y a todos los centros educativos sin distinción a que pudieran hacerlo”.
“El globo sonda lanzando sobre la jornada lectiva de 21 horas ha estallado”. Así, ahora “se ven obligados a rectificar diciendo que se ha producido una mala interpretación o una mala redacción de las intenciones de Educación. Ahora sabemos hasta dónde llega la soberbia de Andreu y de Cacho”.
Por último, en cuanto a los criterios generales de reorganización, “nos encontramos con contradicciones, ya que si se asignan a los grupos con ratios más altas espacios más amplios como comedores, gimnasios, bibliotecas, salones de actos que suelen coincidir con los comunes, ¿Cómo es posible que más adelante nos encontremos con que se debe minimizar el flujo de personas y el uso de espacios comunes por parte de los diferentes Grupos de Convivencia Estable en los que se distribuyan los alumnos? Efectivamente, habrá que replantearse los espacios, pero en el caso de ciertos espacios comunes, el flujo es inevitable por lo que se tendrá que garantizar por parte de la Consejería correspondiente los medios necesarios para la desinfección del lugar y seguridad tanto de profesores como de alumnos”, ha señalado.