La pasada semana, el presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, desvelaba la supuesta reclamación por parte de la Unión Europea, de las ayudas para la realización de cursos en materia de formación. Ahora, ha querido ir un paso más allá acreditándolo con pruebas.
No se ha podido determinar aun si es la Unión Europea la que reclama el dinero al Gobierno de La Rioja (una cantidad desconocida pero en cualquier caso superior a cinco millones de euros). Lo que sí se ha podido demostrar es que el Gobierno de La Rioja está reclamando el dinero a las empresas y entidades encargadas de realizar esos cursos.
Legarra se ha centrado en un caso concreto, con el expediente de reclamación en sus manos. Se trata de una empresa que en mayo de 2010 solicitó la ayuda para la realización de esos cursos. En agosto de eso mismo año, el consejero de Empleo resolvió que le sería concedida. Poco después, a principio de 2011, la emprea certificó los cursos y el propio consejero resolvió que se cumplían todos los requisitos.
Sin embargo, año y medio después parece que la cosa cambia y el mismo consejero que dio todo por bueno, comienza a reclamar la subsanación de algunos puntos hasta llegar a día de hoy a reclamarle la totalidad de la ayuda concedida, cerca de 50.000 euros. A petición de la propia empresa, el presidente de los regionalistas ha querido mantener el anonimato de la misma.
Según Legarra, hay varias decenas de casos como este. Ha asegurado incluso, que algunas de esas empresas temen por su viabilidad ya que, si tienen que devolver las cantidades que se les reclaman, pueden verse avocadas al cierre.
Ante la existencia de estas pruebas, el regionalista ha vuelto a pedir la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno para que explique de quién es la responsabilidad. Según ha señalado, la duda ahora es si todo esto responde únicamente “a la incapacidad del Gobierno riojano para gestionar fondos europeos” o si hay algo más detras, si es realmene Europa quien reclama la devolución del dinero, o lo está haciendo el Ejecutivo regional “por su cuenta y riesgo”.