El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, y el concejal de la formación en el San Vicente de la Sonsierra, Jose María Monge, ha analizado la situación en la que se encuentra la supuesta ilegalidad del arrendamiento de parcelas ilegales, que ya publicó Rioja2 en exclusiva.
Estos presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos están siendo juzgados en el Juzgado de Haro tras una denuncia penal del Partido Riojano. Un caso que afecta a la ex alcaldesa, al actual alcalde, a tres concejales más del Partido Socialista y del Partido Popular y al secretario del Ayuntamiento.
Han criticado dos plenos celebrados la semana pasada, en las que solamente no se ofreció la información solicitada por el PR+ sino que el alcalde aprovechó su reciente cargo, precisamente tomó posesión por urgencia el martes tras la renuncia de la anterior primer edil, los dos investigados- para “insultarnos y cargar contra nosotros”.
“Cuando –ha continuado Antoñanzas- es evidente que el Partido Riojano es el único partido que defiende los intereses del pueblo. De hecho hemos llevado ante la Justicia estas irregularidades pagando el coste a través de fondos propios cuando a los investigados se lo paga el Ayuntamiento. Es paradójico que los vecinos tengan que pagar la defensa de unas personas que supuestamente ha actuado en contra del patrimonio y el beneficio del pueblo. En cambio, quienes luchamos por los derechos de los sonserranos nos costearnos los gastos”.
A juicio de los regionalistas, las últimas manifestaciones de los investigados demuestran “su nerviosismo” ante el estudio jurídico de una serie de arrendamientos de parcelas municipales directamente a personas en muchos casos vinculadas familiar y personalmente con los propios inculpados. Una práctica que el Gobierno de La Rioja solicitó revocar por su ilegalidad y así se lo hizo saber a los responsables del Ayuntamiento en marzo de 2019.
Conocido por tanto desde hace tiempo lo que ocurría en el pueblo, y a tenor de los hechos y declaraciones de los últimos días, el presidente del Partido Riojano ha acusado al secretario general del PSOE, Francisco Ocón, y al presidente del PP, José Ignacio Ceniceros, de “avalar las irregularidades que se han estado cometiendo en San Vicente”.
Incluso los representantes del PP apoyaron con su presencia “la toma de posesión de un investigado por corrupción como alcalde. Apoyo por el que deben muchas explicaciones a los riojanos que exigen claridad y tolerancia cero ante este tipo de conductas”.
Incumplimiento del código ético del PSOE y el PP
Antoñanzas ha denunciado que ambos partidos han incumplido su propio código ético, que en el caso del PSOE establece que “cualquier cargo público del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Por su parte, el código ético del PP indica que “está prohibido ejercer cualquier tipo de influencia desde el partido en funcionarios o empleados públicos para conseguir cualquier tipo de actuación que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico a algún integrante del Partido Popular”.
La actuación durante años de concejales socialistas y populares ha reportado a personas afines importantes beneficios derivados no solo de la explotación de los terrenos municipales arrendados. “Como el propio alcalde actual ha explicado, con estos contratos han podido optar a nuevos repartos de viñedo y ayudas, tanto económicas directas como de maquinaria y material”.
“Saber exactamente a cuánto ascienden esos beneficios, además de cuantificar el coste de la defensa que abonará el propio Ayuntamiento” es una parte importante de una batería de preguntas que el portavoz del PR+, José María Monge, expuso en el último pleno de San Vicente y que, lamentablemente, quedaron sin contestación.
Con ellas se pretendía aclarar también otros aspectos cómo cuáles van a ser ahora las decisiones que se adopten en relación a esos terrenos a los que la totalidad de los vecinos no ha podido tener acceso.
Desde el Partido Riojano se han presentado estas cuestiones por escrito para que no deban trascurrir los tres meses hasta el próximo pleno y logren una respuesta más rápida. Como ha finalizado Antoñanzas, “vamos a seguir trabajando por los vecinos y defendiendo sus intereses, logrando que esas parcelas puedan beneficiar a todos y no solo a los familiares y amigos de unos pocos. Confiamos mucho en la Justicia y nada en el PSOE y en el PP porque no solo han amparado en el pasado lo que estaban haciendo sus representantes en San Vicente, sino que siguen aplaudiéndoles cuando están dando cuentas ante el juez por delitos tan graves”.