El Partido Riojano (PR) ha elevado hasta 2.500 millones de euros su petición para construir nuevas infraestructuras de comunicación en La Rioja, principalmente de carreteras y ferrocarril.
Así lo ha explicado hoy en una conferencia de prensa el candidato de este partido al Congreso, Miguel Gómez Ijalba, quien el pasado domingo cuantificó en 1.100 millones de euros el coste de implantar el tren de alta velocidad en La Rioja y garantizar la financiación del soterramiento del ferrocarril en Logroño.
A esta cifra a añadido hoy 1.400 millones de euros, con los que su partido considera que se atendería al “retraso en infraestructuras de esta comunidad” algo que “los dos grandes partidos usan de arma arrojadiza pero luego, cuando tienen responsabilidad, no lo hacen o lo limitan a estudios informativos”.
Ha subrayado su petición de que la autopista AP-68 se liberalice “como la vía rápida del valle del Ebro”, algo que esperan que “gane quien gane las elecciones, le ponga fecha este mismo año”.
Además cree que deben construirse accesos “dobles” a esa vía en Alfaro, Calahorra, Agoncillo, Navarrete, Cenicero y Haro, y crear nuevos para Rincón de Soto y Aldeanueva de Ebro, Alcanadre y San Vicente de la Sonsierra o San Asensio; y tres más para Logroño.
Gómez Ijalba ha reclamado del Estado una solución a los accesos de la Autovía de El Camino en Logroño y al acondicionamiento de Avenida de Madrid, mejorar las comunicaciones con Navarra y Alava a través de un nuevo puente sobre el Ebro en la zona norte de Logroño y que se construya una autovía en el trazado de la actual N-111, con nuevos accesos a la capital riojana.
Otras de las demandas de los regionalistas son una “ejecución rápida” del desdoblamiento de la N-120 hasta Burgos.
El ferrocarril en La Rioja es “tercermundista” por lo que debe “mejorar horarios y frecuencias” además de desdoblar las vías para implantar la alta velocidad hacia Zaragoza y hacia la “Y” vasca.
También abogan por “optimizar” al aeropuerto de Logroño, en el que acusan al Gobierno regional y Aena de no apoyar la instalación de compañías de vuelos baratos.
En global, todas las infraestructuras de transporte que reclaman supondrían una inversión del Estado de 2.000 millones de euros “que es la mitad o la tercera parte de lo que invierte en otras comunidades, y todas tenemos derechos”.
Además ha cuantificado en 500 millones de euros su petición de nuevas infraestructuras no de transporte.