El secretario general del PSOE, Francisco Martínez-Aldama, ha reclamado, esta mañana, que los implicados en el caso de acoso laboral sufrido por un funcionario de Obras Públicas abonen la indemnización, ratificada por el Tribunal Supremo, de 81.492 euros. Un dinero que ha abonado el Gobierno de La Rioja.
El líder de los socialistas riojanos ha recordado que el caso es la anterior legislatura, y en el mismo se implicaba al anterior director general de Transportes, Ángel Salinas, y a los actuales consejera de Turismo y de Vivienda y Obras Públicas, Aránzazu Vallejo y Antonino Burgos.
Martínez-Aldama ha señalado que hubo tres sentencias, de los años 2004 y 2005, que reconocían acoso laboral y vicio de desviación de poder sobre el funcionario de Obras Públicos. Incluso, ha añadido, el Gobierno le reconoció una indemnización por ello de 9.160 euros, a pesar de que el Consejo Consultivo indicaba que debía ser de 60.000 euros.
Ante ello, ha continuado, el acosado recurrió al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que indicó que debían abonarle 74.160 euros. Sentencia que fue recurrida por el Gobierno de La Rioja al Tribunal Supremo, que diciembre de 2009, fijo la indemnización en 81.492 euros y además condenaba al Ejecutivo riojano a pagar los costes procesales.
A Martínez-Aldama le consta que el afectado ya ha cobrado del Gobierno riojano esa cantidad, si bien ha indicado que hay una Ley Estatal que obliga a que sean los implicados en estos casos los que restauren ese dinero. “Deben pagar los que han cometido estos desmanes y no todos los riojanos”, ha apostillado.
Por ello, ha preguntado si el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha iniciado el expediente para que sean los implicados los que abonen el dinero. También, ante el “reconocimiento de los hechos”, ha exigido responsabilidades políticas.