En el contexto de crisis económica que está atravesando el país, el Govern de Baleares ha impulsado la Ley de Servicios Sociales que hoy entra en vigor, por la que todo ciudadano verá garantizado su derecho a estar alimentado y a tener un techo y ropa.
Con esta iniciativa se trata de proteger a todas aquellas personas que por circunstancias económicas se encuentren en situación de dificultad. El Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones sociales a todos los ciudadanos.
Esta normativa fue aprobada por el Parlament el pasado 2 de junio con la abstención del PP -que argumentó que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley-, mediante la cual Baleares pasa a ser la primera Comunidad Autónoma con una Ley de estas características.
A partir del momento de la aprobación se inició un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para que la Conselleria de Asuntos Sociales, dirigida por Fina Santiago, mantenga conversaciones con los grupos parlamentarios, los Ayuntamientos y diferentes entidades, con el fin de elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por Decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los “derechos subjetivos” que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.
El procedimiento por el que el ciudadano podrá reclamar estos “derechos subjetivos” pasará por una valoración técnica que determinará si ésta persona -o familia- efectivamente se encuentra en situación de necesidad que le impida acceder a una alimentación suficiente. En el caso de que la valoración sea positiva, la Administración estará obligada a suplir esta carencia a través de diversos medios: establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores entre otros.
Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento se derecho.
Conviene señalar que otras comunidades tienen medidas similares, sin embargo, Baleares se ha convertido en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita.