El estudio realizado por la Casa Blanca sobre el vertido de petróleo de la plataforma de Deepwater Horizon que tuvo lugar el pasado mes de abril en el golfo de México, que contaminó la zona y costó la vida a once trabajadores, ha revelado que los errores que causaron el suceso fueron evitables.
El informe que se ha realizado sobre la que se ha calificado como mayor catástrofe medioambiental de Estados Unidos, que ya fue anticipado en parte el mes pasado, dirige sus acusaciones a las empresas responsables de la plataforma. También las denuncias van destinadas a la agencia gubernamental encargada de regular las perforaciones, en concreto al anterior Servicio para la Gestión de Minerales.
“El accidente fue el inevitable resultado de años de complacencia de la industria y del Gobierno y de una falta de atención por la seguridad” añade el informe.
La comisión de investigación de la Casa Blanca recomienda que se hagan “reformas sistemáticas” de las que tienen que formar parte tanto el Ejecutivo como la industria energética. De esta manera se podría impedir un desastre similar en el futuro. En cuanto a las empresas privadas propone que creen una entidad de autorregulación para gestionar y garantizar unas medidas de seguridad.
El informe dicta las principales causas del desastre ambiental y recrimina a BP y Halliburton, quienes supervisaban la cementación de la plataforma y a Transocean la propietaria y operadora de la plataforma no haber tomado medidas factibles que podrían haber evitado el accidente.
De esta manera, a BP le acusa de no haber utilizado ningún instrumento para evaluar el estado del cemento poniendo su confianza en que esta materia sería una barrera sostenible frente al avance del crudo y del gas.
Por otro lado, contra Halliburton dicta que, según unos documentos de la empresa, los técnicos no esperaron a conocer el estado del material antes de comenzar la cimentación. Sobre Transocean señala que no formó a sus trabajadores ante la situación habiendo ocurrido una similar cuatro meses atrás en el mar del Norte.
El texto también arremete contra el Gobierno estadounidense, ya que considera que le faltó la autoridad, los recursos y la experiencia necesaria para prevenir las carencias de las empresas en materia de seguridad.
Aunque la comisión no tiene ninguna potestad para castigar penalmente a las empresas culpables ni para poder establecer nuevas políticas, su estudio si servirá en los procesos judiciales.