La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
del Consejo de Europa (ECRI) ha elaborado el IV Informe sobre España, haciendo público los progresos en la lucha contra el racismo e intolerancia respecto al anterior documento de 2006.
El informe destaca los avances conseguidos por España en la lucha contra la discriminación racial. En este sentido asegura que ha invertido “recursos humanos y financieros”, como el nombramiento de fiscales especializados en proteger a las víctimas.
La ECRI pone en relieve las políticas establecidas para combatir el racismo durante el 2009, año en que se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, para ayudar también a las víctimas recopilando datos sobre las denuncias. En cuanto al proceso de integración en este año también se promulgó la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, para que cualquier ciudadano pueda acceder, mediante la inscripción en el registro, a los servicios sociales básicos.
En materia de deporte señala la actividad de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, que elabora políticas y propone sanciones contra federaciones, clubes y espectadores. En cuanto a la educación, destaca como ahora se incluye en el temario escolar la materia de “educación para la ciudadanía y los derechos humanos”.
Por otro lado, la ECRI destaca el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana para el período 2010-2012 y las medidas puestas en marcha para facilitar el acceso de los inmigrantes y gitanos a la vivienda y el empleo.
Medidas preventivas
Aunque la ECRI resalta con positivismo los avances logrados por España, no cesa en su recomendaciones para que se continúe con la lucha contra el racismo y se instalen medidas preventivas. De esta manera, recomienda: a las autoridades recopilar datos sobre actos discriminatorios y sobre las políticas legales para combatirlos; a los cargos con responsabilidad social (jueces, policías, fiscales…) que se sometan a cursos sobre derechos humanos e igualdad; establecer unas políticas de admisión uniformes (en cuanto a procedencia se refiere) del alumnado en el ámbito de la educación.
Además, recuerda que en materia de libertad de religión deberían aprobarse las solicitudes para la construcción de mezquitas y alerta de las bandas y movimientos neonazis que están surgiendo y la necesidad de tomar medidas penales en caso necesario.